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Nota enviada a cada diputado/a nacional: FUNDACIÓN RUMBOS RECHAZA EL DNU 70/2023

CABA, 22 de enero de 2024


Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Señores/as Diputados/as

 

De nuestra mayor consideración,


Nos encontramos ante un Poder Ejecutivo Nacional que está llevando adelante un golpe de estado económico y político en cuyo marco nuestros derechos humanos y conquistas sociales, laborales y previsionales están sufriendo un brutal retroceso.


Consideramos que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 es inconstitucional, tanto en su forma como en su contenido.  En primer lugar, no se verifican circunstancias fácticas que impidan el tratamiento legislativo ordinario previsto por el constituyente. Pero tampoco se legisla con ajuste al bloque federal que conforman la Constitución Nacional y los instrumentos de DDHH que tienen jerarquía constitucional.


Entre otras normas, arrasa con los derechos de usuarios del sistema de salud, garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional que sobre este punto dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.


Al desregular la salud, con la anunciada intención de lograr una mejora en el precio de las prestaciones, no explica cómo esa reducción del precio se va a lograr. Esta deficiencia lógica tiene su correlato empírico: las empresas de medicina prepaga -adscribiendo a una clara práctica oligopólica- ya han aumentado sus cuotas en el primer mes de gobierno, y han preanunciado un nuevo aumento para el mes siguiente, lo que demuestra que el medio utilizado por el Ejecutivo no es idóneo para el fin que dice perseguir. Y es que, al dejar a las empresas privadas fuera de la autoridad de aplicación (Superintendencia de Servicios de Salud), estas pueden fijar libremente el valor de las cuotas y las cláusulas contractuales, sin atender a los valores de la estructura de costos. Al respecto, los sucesivos aumentos en las cuotas aún no han redundado siquiera en un ajuste antiinflacionario para los profesionales de la salud en el sistema de prepagas.


El aumento desmedido de las cuotas mensuales producirá una catarata de cese de afiliaciones por imposibilidad de pago. Así, las personas mayores, y aquellas en situación de discapacidad, que no puedan seguir el ritmo de los incrementos exentos de control estatal, deberán abandonar su cobertura en salud sin conservar la antigüedad y las preexistencias.


Respecto de las empresas prepagas el DNU modifica el artículo 17 de la ley que las rige, eliminando el rol del Consejo Permanente de Concertación -integrado ad-honorem por representantes del Ministerio de Salud, de entidades de los usuarios y de las empresas- mediante el cual se derivaba a otras entidades de salud a los afiliados a una empresa en quiebra. Esto generará incertidumbre sobre la futura cobertura en salud de aquellas personas mayores o en situación de discapacidad que se queden sin la misma ante el cese de actividad, cierre o quiebre de su prepaga. En dicho caso, no solo perderán años de aportes correspondientes a períodos de menor intensidad de uso (en el caso de las personas mayores), sino la pérdida de la preexistencia, con el consiguiente ingreso a programas de mayor costo en la nueva empresa prepaga, en caso de poder afrontar las cuotas que ésta imponga.


Es inadmisible avalar semejante transferencia de recursos desde la población más vulnerable en materia de salud hacia las empresas de medicina prepaga, muchas de ellas pulpos del mercado asegurador que no ven a la salud como un bien jurídico supremo.


Por último, el incontrolable aumento de cuotas obligará a quienes pierdan su cobertura a acudir al hospital público, ya de por sí desfinanciado y por ende incapaz de atender las necesidades de una creciente población empobrecida en este contexto hiperinflacionario.


Ante este escenario tan preocupante, entendemos imprescindible que los/las diputados/as nacionales rechacen el DNU y la Ley Ómnibus que se inspira en dicho DNU.


A la espera de su voto favorable a este planteo, nos despedimos cordialmente,

 


Eduardo D. Joly

Presidente de Fundación Rumbos



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