Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022
ANDIS - Agencia Nacional de Discapacidad
Director Ejecutivo
Lic. Fernando Galarraga
De nuestra mayor consideración,
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de reiterar nuestra nota con fecha 8/11/2022 que no ha merecido respuesta.
Al concluir la reunión del 2 de noviembre de 2022 en sede de ANDIS, en la presencia de representantes de REDI, ASDRA, CIADIS e Instituto Patria, el representante de Fundación Rumbos, Eduardo Joly, solicitó que hicieran público el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad y que se puedan aportar cambios en el mismo de considerarlo necesario, previo a su giro al Poder Legislativo. Este planteo es coherente con lo expuesto en las Audiencias Públicas, no sólo por integrantes de Fundación Rumbos, sino por parte de muchas entidades que participaron en ellas.
Al promover la sanción de una nueva ley que se ajuste a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Poder Ejecutivo debiera someterla al escrutinio de las organizaciones de personas con discapacidad, acorde al Decreto 1.172/2003 (Elaboración participativa de normas), y con independencia de las sesiones informativas o consultivas que pudieran abrirse en el Poder Legislativo.
El material que ANDIS compartió en la reunión de referencia son tan solo los lineamientos generales, expuestos en un PowerPoint. Es necesario tener a la vista el cuerpo de la ley, es decir los artículos cuya redacción baje a normas las directrices expuestas.
Antes del inicio de la reunión, nos sorprendió ingratamente que exigieran la firma de una nota en la cual a los concurrentes se nos comprometía a “mantener en estricta reserva la información y/o datos a los que acceda sobre el proyecto de la nueva ley de discapacidad, por ser los mismos confidenciales”. Asimismo, nos comprometía a “no revelar, intercambiar, transferir o remitir total o parcialmente, y de cualquier modo” dado “que cualquier revelación de información confidencial, podrá constituir un ilícito de naturaleza penal…sujetándome en consecuencia a las sanciones que prevé dicha norma, haciéndome responsable de los daños y perjuicios que mi actitud pueda ocasionar”. Esta apertura de la reunión contrastó con el diálogo democrático que estimamos imprescindible como antesala de una ley que regule derechos humanos de un sector vulnerado.
El carácter confidencial y secreto que se le imprimió a la reunión, que ustedes mismos convocaron, resulta incongruente con las multitudinarias audiencias públicas y aportes escritos que la precedieron. El secreto exigido tampoco se explica en una sociedad democrática, puesto que el tema no concierne a la Seguridad Nacional ni al Secreto Industrial.
Es imposible formular críticas constructivas a una ley cuyo texto se desconoce. Podríamos hacer señalamientos en abordajes equívocos u omisiones en aspectos claves, pero constituiría una violación de la confidencialidad, bajo apercibimiento de sanción penal. El secreto impuesto y el no acceso al texto de la ley atentan contra la producción participativa de la misma.
Es por ello que reiteramos la necesidad de que ANDIS haga público el proyecto de ley de referencia, y no solo sus directrices, y genere instancias de reflexión, debate y consenso respecto del mismo al interior del colectivo de personas en situación de discapacidad.
A la espera de una pronta y favorable respuesta, nos despedimos atentamente,
