TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA: CADA MEDIDA DEL PODER EJECUTIVO TIENE COMO EFECTO PROFUNDIZAR LA DESIGUALDAD ♿
- Cecilia García Rizzo
- 23 sept
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Actualizado: 24 sept
Comunicado de RUMBOS ACCESIBILIDAD en rechazo al Decreto que promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad y a la vez suspende su aplicación (23/09/25).
A través del Decreto 681/2025 el gobierno nacional promulgó finalmente la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero a su vez suspendió su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento de la misma, dejando sin respuesta la urgencia de miles de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector.
Mediante una maniobra perversa, la misma autoridad que para atender otras cuestiones ha decretado modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional, se abstiene ahora de hacerlo y requiere que se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general. En efecto, el Poder Ejecutivo deja en evidencia la voluntad política de desfinanciar las prestaciones médico-asistenciales por discapacidad, pues un par de meses atrás, para disponer incrementos en favor de las fuerzas de seguridad, procedió a realizar modificaciones presupuestarias a través del Decreto 425/2025, sin considerar ahora esta posibilidad.
Lo que esta conducta tiene de inconstitucional y exorbitante lo tiene también de inédita, no sólo en la historia de la legislación argentina, sino en la breve historia de la actual gestión libertaria, que para otras medidas de mayor envergadura ignoró las atribuciones del Congreso de la Nación vinculadas al Presupuesto Nacional. Como otro ejemplo de la incongruencia de esta exigencia con su anterior línea de conducta, se observa que para incrementar obscenamente el endeudamiento público, el Poder Ejecutivo transgredió la ley 27.612 además de aumentar el déficit público financiero por los intereses que genera la deuda externa e interna.
Un acto de este calibre merece una reflexión y acción inmediata de parte de los legisladores, únicos atribuidos por la Constitución Nacional para sancionar leyes que garanticen los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El actual modelo de redistribución de riqueza afecta deliberadamente a los sectores más vulnerables y ha profundizado la desigualdad en el país favoreciendo a los que más tienen con medidas como la reducción de impuestos a los bienes personales, la eliminación de las retenciones al campo y la liquidación de las reservas del Estado para mantener un tipo de cambio bajo.
Es importante subrayar que la discapacidad es un concepto político porque implica considerar que el déficit que presenta cada persona entra en interacción con barreras sociales cuya eliminación tiene un costo. Ningún derecho es gratis y dado que el estado no cuenta con presupuesto aprobado desde que asumió la actual gestión ejecutiva, de seguir el razonamiento expuesto en el decreto de promulgación, la vigencia de la ley quedaría suspendida hasta que se aprobara el presupuesto para el año 2026. Las personas con discapacidad no pueden quedar en espera. Sin presupuesto no hay derechos y así como el Presidente se consideró habilitado para modificar la Ley de Presupuesto para atender a incrementos destinados a las fuerzas de seguridad, pudo haberlo hecho con las prestaciones médico asistenciales de las personas con discapacidad, escuchando la voluntad popular manifestada en el Congreso de la Nación.
La medida se produce en un contexto de marcado ajuste que recae sobre el colectivo de personas con discapacidad, con eliminación de pensiones, demora en la entrega de certificados de discapacidad, falta de cobertura de medicamentos y denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las leyes de emergencia en discapacidad, de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, todas vetadas, buscaron igualar los accesos a la salud y a la educación. El ejecutivo demuestra que su designio es profundizar esa desigualdad.
¡Implementación de la Ley de Emergencia ya!
