Ante el cierre de ANDIS (BORRADOR)

Ante el cierre de la ANDIS corresponde reflexionar por qué sucede. No alcanza con repudiar “el cierre” en sí, sino la caída oficial de todas aquellas funciones de promoción de las personas con discapacidad, sus necesidades básicas y su inclusión social.

Este cierre es posible, no solo por la orientación reaccionaria de un gobierno que representa a los grandes capitales, sino por la ausencia de un contrapeso por parte de las organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que se dicen opositores. Esta pasividad ha dejado desamparados a los sectores más vulnerables, incluyendo entre ellos a las personas con discapacidad, pese a las múltiples manifestaciones del colectivo en torno a la ley de emergencia.

Este cierre también se da porque la ANDIS y su predecesora, la CONADIS, fueron entes superestructurales, que pretendieron concentrar y administrar estrategias y acciones pertinentes a discapacidad desde una verticalidad opuesta a criterios participativos por parte del colectivo. Ni el Comité Asesor ni el Consejo Federal fueron representativos de las personas con discapacidad. En ambos, las ONG representaron los intereses de los prestadores, siendo muy débil la voz de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones.  CONADIS/ANDIS se constituyeron en una suerte de apartheid cuya incidencia en cada campo esencial de la vida (salud, trabajo, educación) no se enraizó en los campos pertinentes al conjunto de la sociedad. Por el contrario, fortalecieron su disociación.  

No denunciamos que al pasar a depender del Ministerio de Salud se “vuelve al paradigma médico”. Nada vuelve atrás, sino que se agrava. Este pasaje al área de Salud profundiza el desguace de los apoyos esenciales en inclusive las prestaciones en salud. Se da en paralelo al desguace del sistema de apoyo a la inclusión educativa, tanto la pertinente a escuelas comunes como especiales, y a las trabas que se verifican en la tramitación de nuevos certificados de discapacidad y su renovación, así como en la baja de las pensiones no contributivas.

Denunciamos el abandono de persona, a nivel colectivo, del conjunto de las personas con discapacidad. El cierre de la agencia, y su pase a Salud, refuerza una política de vaciamiento para el sector, claramente reflejado en la flamante ley de Presupuesto. Los números para discapacidad confirman el recorte de pensiones y prestaciones ya en ejecución: la reducción de recursos para discapacidad prevista en la ley es del 10 % respecto de 2025.

Será necesario construir una fuerte articulación entre referentes de personas con discapacidad en cada espacio de estudio, trabajo, salud y cultura entre otros, a fin de que la inclusión se geste en los propios espacios de los que propiciamos formar parte.

31 de diciembre de 2025