Comunicado del 3 de diciembre de 2022
Curiosamente, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Día Panamericano del Médico. Lamentablemente, poco tenemos que festejar los integrantes de ambos colectivos.
Por un lado, las personas en situación de discapacidad enfrentamos a un Estado que ignora nuestras necesidades básicas y desvirtúa los derechos por los cuales hemos luchado durante largas décadas. Las tendencias muestran en políticas públicas un fuerte desfinanciamiento en discapacidad de entre un 15 y 30% estimado para el año que viene. En el ámbito legislativo hemos sufrido dilución de logros históricos en accesibilidad en CABA, y el gobierno nacional no ha cumplido con reestablecer la ley 20.923 de cupo laboral de un 4% para el sector privado que fuera derogada por la dictadura. En el ámbito judicial la desprotección se manifiesta ya sea por desmerecer medidas de amparo solicitadas, por moras excesivas en los procesos judiciales, o por fallos directamente adversos a la ciudadanía.
En la definición de políticas y leyes, el estado pregona una participación del colectivo que desvirtúa en los hechos: nos escucha en las audiencias públicas, pero raramente toma lo que proponemos, y nunca fundamenta por qué deja afuera lo que evidentemente no coincide con los intereses que representa.
Por otro lado, los médicos, al igual que los demás profesionales de la salud, padecen un maltrato laboral inédito y creciente. Sobre exigidos durante la pandemia, engrosan las filas de trabajadores estatales y privados mal pagos, bajo pésimas condiciones laborales, y sin estabilidad en el empleo.
Un aspecto de articulación entre ambos colectivos se evidencia en el desmoronamiento de las obras sociales y la degradación de Igualar Salud que impacta directamente en la crisis de atención médica a quienes están en situación de discapacidad. Las únicas beneficiadas son las grandes y cada vez más concentradas empresas privadas de salud (prepagas), ya que el gobierno les autoriza aumentos periódicos en lo que pueden cobrar a sus asociados sin modificar en igual medida los aranceles y honorarios de los trabajadores que brindan las prestaciones. Ganancias aseguradas para las empresas, pobreza creciente para sus empleados, prestaciones en baja para los asociados.
Como telón de fondo, debemos mencionar los compromisos asumidos con el FMI para el pago de la deuda externa, ya que succionan los fondos que de otra manera podrían estar disponibles para atender las necesidades de las personas en situación de discapacidad como asimismo las de los profesionales de la salud. Esto, sin embargo, demandaría un giro copernicano político e ideológico para el gobierno nacional, ya que implicaría, entre otras políticas, reestablecer un sistema nacional de salud pública universal y gratuita para la población en su conjunto, incluyendo a las personas en situación de discapacidad.
Para este colectivo, se debiera:
- Brindar accesibilidad en las instituciones de salud, tanto en lo edilicio como en el equipamiento, para la realización de estudios médicos (camillas regulables en altura, grúa eleva-pacientes, etc.).
- Proveer los recursos materiales y humanos para la atención de patologías habitualmente asociadas a la discapacidad en hospitales y centros de salud públicos.
- Ampliar las competencias de los profesionales e incorporar áreas de diagnóstico y tratamiento en las áreas diagnósticas y de tratamiento de patologías neuromusculares.
- Promover la desmanicomialización y el programa integral para externación sustentable en virtud de la Ley Nacional de Salud Mental.
Pero para el conjunto de la población, que nos incluye, compartimos la necesidad de:
- Incorporar equipamiento y dotaciones de profesionales en los hospitales y centros de atención primaria, revirtiendo la tendencia al vaciamiento del sistema.
- Actualizar la remuneración de los profesionales de la salud pública, incluyendo el cese en la precarización de residentes.
- Actualizar los aranceles del nomenclador, históricamente retrasados, y mantenerlos actualizados acordes a la inflación. Reintegro a las prestaciones dentro de los 30 días.
- Instrumentar la producción y provisión estatal de medicamentos y de elementos de ayuda tales como sillas de ruedas, ortesis, prótesis, audífonos y lentes.
Para ello, nunca más apropiado el lema de “Incluirnos en las luchas para luchar por nuestra inclusión”.