En Argentina, el movimiento de personas con discapacidad ha estado indefectiblemente atravesado por el golpe de 1976. Una de las primeras medidas de la dictadura fue derogar la primera ley de cupo laboral para personas con discapacidad que obligaba tanto en el sector público como en el privado. Pero el empresariado argentino no estaba dispuesto a aceptar que una ley los obligara a contratar a personas que ellos prejuzgaban improductivas, a saber, incapaces de generar con su trabajo las ganancias esperables de un trabajador promedio.
Antes que sucediera el golpe, el gobierno de Isabelita Perón ya había empezado a reprimir, via la Triple A, al movimiento de las personas con discapacidad, fundamentalmente a integrantes de la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado y del Frente de Lisiados Peronistas, ambos claves en la redacción de la ley posteriormente derogada por la dictadura.
Uno de los casos emblemáticos de la represión fue el caso de Poblete, militante detenido, torturado y desaparecido al igual que su compañera, también persona con discapacidad.