Fundación Rumbos - Accesibilidad

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PUNTEO DE PRIORIDADES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD PARA SER INCORPORADAS EN LAS PLATAFORMAS POLÍTICAS Y ELECTORALES

En la Ciudad de Buenos Aires hay 22,3 % de hogares con al menos una persona con dificultad de largo plazo y hay 9.9 % de prevalencia de población con dificultad de largo plazo. De las personas con dificultad de largo plazo casi 7 de cada 10 tiene dificultad motora, más de la mitad encuentra problemas u obstáculos para acceder al transporte público (57,0%) y aproximadamente 4 de cada 10 personas los hallan en veredas y calles (35,7%). Las principales barreras, pero no las únicas, están en relación al transporte público y la circulación en el espacio urbano de CABA. (Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA. Encuesta Anual de Hogares 2011.)

 

ACCESIBILIDAD

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN CABA

- Derogación del nuevo Código de Edificación (Ley 6100) por no respetar el proceso de participación ciudadana y por tener artículos que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Incorporación de lo planteado en la Ley 962 sumando los avances en materia de derechos humanos presentes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incorporación de lo planteado en la Audiencia pública.

La inconstitucionalidad de este código se refleja en que admite violaciones a la accesibilidad que impactan fuertemente en otros derechos como el trabajo, la educación, la vida autónoma y la libre circulación. Lo ejemplifican artículos donde:

a) Se permite que ciertos locales de concurrencia de público no cuenten con sanitarios accesibles (sin los cuales es imposible la permanencia prolongada), mediante una arbitraria determinación del número mínimo de usuarios. Todo edificio o local que no cuente con baño accesible resulta expulsivo para los usuarios con discapacidad, ya sean alumnos, trabajadores, ciudadanos que practican deportes o participan en una actividad recreativa o cultural, en tanto ven impedida su permanencia en las actividades que allí se desarrollen.

b) No se incluye cambiador para adultos en los sanitarios para personas con discapacidad en todo predio donde se permanezca o trabaje, elemento imprescindible para preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que requieren de asistencia en aquellas acciones íntimas de higiene. La permanencia en este tipo de instituciones debe darse en condiciones dignas. Un código nuevo, debería ser progresivo y ampliarse al abanico de la diversidad humana. 

Además, se omite la prohibición de la apertura de las puertas hacia adentro, requisito de seguridad (art. 46 CCABA) para poder traccionar la puerta para abrirla hacia el exterior, o desplazarla si fuera corrediza, cuando sea necesario ingresar a prestar auxilio en caso de emergencia. Sirva para ilustrar, el caso en que un usuario sufre una caída y su cuerpo o la silla de ruedas obstaculizan el ingreso al servicio.

c) Se da continuidad a la errónea tipología de baño accesible con inodoro, pero sin lavabo. De este modo, los usuarios de silla de ruedas no alcanzan las condiciones adecuadas de higiene preparatorias a la utilización del inodoro si, luego de lavarse las manos, tienen que volver a accionar la silla de ruedas, tomando contacto con el polvo del piso, y con el picaporte de la puerta del retrete. Para personas con sondaje intermitente o con colostomía esta proximidad e intimidad que brinda el recinto con inodoro y lavabo resulta imprescindible.

d) Se reducen las dimensiones mínimas de las viviendas - monoambientes de 18 m2 + baño de 2° (sin bidet y bañera)-, tornándolas inaccesibles, para satisfacer intereses de desarrolladores a expensas de necesidades habitacionales reales. Las “viviendas mínimas” lesionan el derecho a la vivienda digna y a la vida independiente. Violan el principio de no regresividad, dado que no eran admisibles previamente dimensiones tan exiguas. Además, resultan discriminatorias al denegar accesibilidad y cercenar posibilidades de participación en la vida social, por ejemplo, recibir la visita de alguien con discapacidad. Cuando se autorizan viviendas de estas dimensiones, retrocediendo al estado anterior a la Ley 962 se desanda un camino evolutivo en materia de derechos humanos, cuyo carácter es irreversible.

e) Se deriva a reglamentación técnica especificaciones de accesibilidad sobre las circulaciones peatonales (veredas y vados) y ascensores, que debieran estar en el cuerpo de la ley. En el caso de las veredas y los vados, se provoca un vacío normativo que no garantiza a las personas con discapacidad su libre circulación de manera autónoma y segura por la vía pública.

f) Se permiten, en establecimientos educativos, aulas de ocupación permanente por encima del 4° nivel si se cuenta con medios de elevación mecánica. Esta medida pone en riesgo la evacuación de personas con discapacidad, ya que ante una emergencia (incendio, riesgo de derrumbe, sismo, etc.), se discontinua el funcionamiento de ascensores, por la ineludible interrupción de suministro de energía eléctrica.

 

TRANSPORTE

Los graves problemas de accesibilidad en la vía pública y en el transporte dificultan el acceso de las personas con movilidad reducida a la educación en todos sus niveles y los excluye del mundo laboral y social.

Subtes:

Según un relevamiento que realizamos a mediados de 2017, sólo un tercio de las estaciones contaban con ascensores para viajar en ambas direcciones. La falta de funcionamiento de los mismos redujo aún más la posibilidad de trasladarse a través de este medio: 6 DE CADA 10 VIAJES NO PUDIERON REALIZARSE POR ESTA RAZÓN.

- Compromiso de adaptar las estaciones de subte a la brevedad, derogando la ley de subtes oficialista (Ley 6132). Esta ley responde exclusivamente a una estrategia judicial del oficialismo para hacer frente a un amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y permite postergar 20 años la obligación de eliminar las barreras arquitectónicas existentes en las estaciones de la red de subterráneos de la ciudad. No propone la inclusión de requerimientos para garantizar mejoras en el sistema de reparación y su adecuado mantenimiento. Tampoco incluye la obligatoriedad de garantizar condiciones de accesibilidad sobre las estaciones existentes.

- Medidas para mejorar el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.

Metrobus:

- Corregir la altura de la plataforma de Metrobus para que coincida con la altura de las unidades y así permita el ingreso y egreso de personas con discapacidad de manera segura y autónoma. Con el mismo objetivo, asegurar la aproximación de las unidades a dichas plataformas, evitando huelgos riesgosos entre ambas. Asimismo, mejorar la señalización de las paradas de Metrobus y los trayectos desde éstas hasta el cruce peatonal, para que las personas ciegas puedan orientarse y desplazarse con autonomía y seguridad.

 

VÍA PÚBLICA

Veredas:

El estado actual de las veredas de CABA pone en peligro la integridad física de los peatones, cualquiera sea su condición. Mujeres embarazadas, personas con cochecitos de bebé, niños, adultos mayores, personas con discapacidad motora o movilidad reducida y personas ciegas son los más perjudicados. En el caso de adultos mayores y personas con discapacidad, además del riesgo de tener un accidente en la vía pública, la falta de accesibilidad dificulta el llevar una vida plena (estudiar, trabajar, relacionarse socialmente).

En el año 2017 Rumbos realizó un relevamiento sobre la accesibilidad de veredas y rampas donde se analizó el estado de 114 cuadras, 1008 frentes, 349 rampas y 775 árboles en las comunas 5,6 y 13. Los principales resultados fueron que 8 de cada 10 frentes (parcelas) tienen algún tipo de problema en sus veredas y 7 de cada 10 rampas tienen problemas. 

Frente a estos alarmantes resultados desde Rumbos impulsamos el Proyecto de ley 2643-D-2017 “DECLARASE LA EMERGENCIA EN LA CONSERVACION DE VEREDAS Y VADOS”, presentado por los legisladores Ramal, Marrone y Camps el 20/9/17.

El 31/10/17 el ejecutivo presentó dos proyectos con la misma temática, que fueron aprobados por la Legislatura el 23/11/17: Ley 5901 “CRÉASE UN NUEVO RÉGIMEN PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PERMISOS DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VÍA PÚBLICA” y Ley 5902 “REGÚLASE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y/O ACERAS”. Sobre La ley 5902 queremos destacar un error conceptual: Se insiste en la responsabilidad primaria del frentista en la construcción, mantenimiento y reparación de la vereda a pesar de que él no es el principal causante de las roturas. 

Para garantizar una circulación efectiva y segura para todos los peatones, cualquiera sea su condición física consideramos necesario:

Derogar la ley de veredas del oficialismo (Ley 5902)

- El Estado debe asumir la responsabilidad total de la construcción, reparación y mantenimiento de las aceras eliminando la responsabilidad primaria del frentista ya que él no es el principal causante de las roturas. Sólo será responsable el frentista si se comprueba que la rotura fue causada estrictamente por él.

- Dado que entre las facultades exclusivas de las Comunas se encuentra el mantenimiento de las veredas, el relevamiento y control de las obras se hará en las comunas. 

- La participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad es imprescindible para garantizar que las obras se hagan de acuerdo a sus necesidades.  Esta participación es obligatoria según los artículos 4.3 y 33.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional según la ley nacional 26.378. Dicha omisión perpetúa los errores de diseño y construcción propios de quienes, aun siendo profesionales y aun creyendo aplicar correctamente las normas, no están compenetrados de la problemática de los espacios urbanos y edilicios respecto de las personas con discapacidad.

- Las obras estarán a cargo de cuadrillas municipales para evitar el negocio de las empresas tercerizadas.  

 

EDIFICIOS PÚBLICOS

El 2/5/19 Rumbos presentó el Proyecto de Declaración N°1205-P-2019 solicitando se realicen las gestiones pertinentes para lograr accesibilidad en el ingreso al edificio de la Legislatura porteña por la entrada de Av. Hipólito Yrigoyen. Actualmente esta entrada cuenta con un desnivel, que dificulta a las personas con discapacidad motora, el ingreso y salida del edificio de manera autónoma y segura. Nuestro pedido tiene la finalidad de garantizar la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad en la vida social y ciudadana, en igualdad de condiciones con las demás personas, promoviendo el respeto de su dignidad inherente, como está expresado en los Art. 1, 4 y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Art. 11 y 42 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Al día der hoy no hemos tenido ninguna respuesta de parte de la Legislatura.

- Garantizar la accesibilidad en todo edificio de administración pública.

 

EDUCACIÓN

- Accesibilidad en escuelas privadas y públicas, dando prioridad a las escuelas donde ya concurran alumnos con discapacidad. Acatamiento del fallo de escuelas accesibles.

- Transporte accesible para escuelas públicas.

 

CONSORCIOS

- Proporcionar créditos blandos o exenciones impositivas para obras de accesibilidad en consorcios.

 

EMPLEO

- Compromiso de cumplir con el cupo laboral del 5% reservado a personas con discapacidad en todos los niveles del Estado y en las empresas contratadas por o concesionarias del Estado (Ley 1.502). Acatamiento del fallo dictado en la causa “Barilá, Santiago c/GCBA s/Amparo”.

- Nueva ley de cupo laboral basada en la primera ley de cupo laboral del Frente de Lisiados Peronistas y posteriormente de la Unión Nacional Socio Económica del Lisiado (UNSEL) derogada por la dictadura, que obligaba a cumplir con un cupo laboral para personas con discapacidad en toda empresa estatal, pública o privada. Y en el caso de las privadas, sin mediar la condición de ser contratista del Estado.

- Un empleado no podrá ser despedido por motivo de una menor capacidad para trabajar debido a la edad, enfermedad o discapacidad adquirida. El empleador deberá realizar todas las adaptaciones necesarias en su lugar de trabajo, rehabilitar al empleado o transferirlo a otro puesto de trabajo adecuado, a fin de garantizar que los lugares de trabajo sean inclusivos (inspirado en Ley Sueca de Protección del Empleo Nº 80 de 1982, que consiguió una tasa del 50 % de empleo para personas con discapacidad, mucho más alta que en otros países).

- Incorporar a la ley de Mecenazgo el requisito de que las empresas deben cumplir con el cupo laboral y tener un política verificable de inclusión. 


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