Fundación Rumbos - Accesibilidad

Este sitio es accesible para personas con discapacidad

Punteo de prioridades en materia de discapacidad para ser incorporadas en las plataformas políticas y electorales - CIUDAD DE BUENOS AIRES-.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 22,3 % de hogares con al menos una persona con “dificultad” de largo plazo y 9.9 % de prevalencia de población con dificultad de largo plazo. De las personas con dificultad de largo plazo casi 7 de cada 10 tienen dificultad motora, más de la mitad encuentra problemas u obstáculos para acceder al transporte público (57,0%) y aproximadamente 4 de cada 10 personas los hallan en veredas y calles (35,7%). Las principales barreras, pero no las únicas, se encuentran en el transporte público y la circulación en el espacio urbano (Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –GCBA-, Encuesta Anual de Hogares 2011).

 
1.- EMPLEO
- Instrumentar sin dilación el cumplimiento del cupo laboral del 5% reservado a personas con discapacidad en todos los niveles del Estado y en las empresas contratadas por o licitatarias del Estado (Ley 1.502). Acatar el fallo dictado en la causa “Barilá, Santiago c/GCBA s/Amparo”.
- Asegurar la aprobación de una ley de cupo laboral obligatorio en el sector privado, inspirada en la primera ley de cupo laboral del Frente de Lisiados Peronistas y posteriormente de la Unión Nacional Socio Económica del Lisiado (UNSEL) derogada por la dictadura. Dicha ley obligaba a cumplir con un cupo laboral para personas con discapacidad en toda empresa estatal, pública o privada; y en el caso de las empresas privadas, sin mediar la condición de ser contratista del Estado.
- Prohibir el despido de todo empleado por motivo de una menor capacidad para trabajar debido a enfermedad o discapacidad adquirida. El empleador deberá realizar las adaptaciones necesarias en su lugar de trabajo, rehabilitar al empleado o transferirlo a otro puesto de trabajo adecuado, garantizando que los lugares de trabajo sean inclusivos (inspirado en la Ley Sueca de Protección del Empleo Nº 80 de 1982, que consiguió una tasa del 50% de empleo para personas con discapacidad, mucho más alta que en otros países).
- Incorporar a la ley de Mecenazgo el requisito de que las empresas deben cumplir con el cupo laboral y con una política verificable de inclusión.
 
2.- PROTOCOLO COVID-19
Asegurar asistencia domiciliaria, provisión de medicamentos e insumos, agua potable para alimentación e higiene personal en villas, barrios populares, asentamientos, tomas de tierras, barriadas, etc.
- Instrumentar mecanismos para asegurar tanto la vacunación contra el Covid-19 como los tratamientos en los casos de que la persona con discapacidad adquiera la enfermedad.
 
3.CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD (CUD)
Dado que al menos el 80% de la población en situación de discapacidad no cuenta con el CUD:
- Simplificar y agilizar los trámites para su obtención.
- Implementar una campaña de dotación masiva de CUD, la información de dónde y cómo tramitarlo, y la difusión de las prestaciones que brinda.
- En carácter provisorio, para aquellas personas en situación de discapacidad que no cuentan aún con el CUD las prestaciones debieran brindarse ante la simple presentación de un certificado firmado por profesional médico y de trabajo social que certifique que la persona se encuentra en situación de discapacidad. La actual crisis económica y pandémica, que tiende a desenvolverse de manera crónica, obliga a tomar medidas extraordinarias que garanticen la supervivencia de esta población extremadamente vulnerabilizada.
 
4.- SALUD
- Brindar accesibilidad en las instituciones de salud, tanto en lo edilicio como en el equipamiento, para la realización de estudios médicos (camillas regulables en altura, grúa eleva-pacientes, etc.).
- Proveer los recursos materiales y humanos para la atención de patologías habitualmente asociadas a la discapacidad en hospitales y centros de salud públicos.
- Mejorar las condiciones materiales de los centros públicos de rehabilitación.
- Ampliar las competencias de los profesionales en las áreas diagnósticas y de tratamiento de patologías neuromusculares.
- Incorporar áreas de diagnóstico y tratamiento de patologías neuromusculares en hospitales públicos.
- Incorporar equipamiento y dotaciones de profesionales en los hospitales y centros de atención primaria, revirtiendo la tendencia al vaciamiento del sistema.
- Actualizar la remuneración de los profesionales de la salud pública, incluyendo el cese en la precarización de residentes.
- Actualizar los aranceles del nomenclador, ajustándolos acordes a la inflación, dado que se encuentran históricamente retrasados. Reintegro a las prestaciones dentro de los 30 días.
- Instrumentar la producción estatal de medicamentos y de elementos de ayuda tales como sillas de ruedas, ortesis y prótesis.
- Promover la desmanicomialización y el programa integral para externación sustentable en virtud de la Ley Nacional de Salud Mental y de la Ley de CABA de Salud Mental.
 
5.- ACCESIBILIDAD
5.1.- CÓDIGO DE EDIFICACIÓN
- Derogar el nuevo Código de Edificación (Ley 6100 y su modificatoria Ley N° 6438) por no respetar el proceso de participación ciudadana y el derecho a consulta de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas (art. 4.3, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -CDPD-). También, por resultar discriminatorio en virtud de la existencia de artículos que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, los cuales impactan fuertemente en otros derechos como el trabajo, la educación, la vida autónoma y la libre circulación.
- Incorporar lo normado en la Ley 962, actualizando sus contenidos en accesibilidad y sumando los avances en materia de derechos humanos presentes en la CDPD.
 - Incorporar las observaciones planteadas por Rumbos y ONGs de personas en situación de discapacidad en las Audiencias Públicas y en las reuniones de asesores de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña.
 
5.2.- TRANSPORTE
Los graves problemas de accesibilidad en la vía pública y en el transporte dificultan el acceso de las personas con movilidad reducida a la educación en todos sus niveles y los excluye del mundo laboral y social. Es imprescindible asegurar la accesibilidad a los medios de transporte público, y brindar continuidad entre el itinerario peatonal y el móvil (colectivo, subte, tren).
Subtes
- Garantizar la adecuación de las estaciones de subte a la brevedad, derogando la Ley N° 6132, de Subtes). Esta ley[1], permite postergar por 20 años la obligación de eliminar las barreras arquitectónicas existentes en las estaciones de la red de subterráneos de la ciudad. No propone siquiera la inclusión de requerimientos para garantizar mejoras en el sistema de reparación, y adecuado mantenimiento de las instalaciones destinadas a la accesibilidad, existentes.
- Instrumentar medidas para mejorar el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.
Metrobus
- Asegurar el ingreso y egreso de las unidades a personas en situación de discapacidad, de manera segura y autónoma, mediante las siguientes adecuaciones:
          Corregir altura de plataforma para que coincida con la altura del piso interior de las unidades.
          Asegurar aproximación de las unidades a dichas plataformas.
          Mejorar la señalización para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse y desplazarse con autonomía y seguridad.
 
5.3.- ESPACIO PÚBLICO
Veredas
El estado actual de las veredas pone en peligro la integridad física de los peatones, cualquiera sea su condición. En el caso de adultos mayores y personas en situación de discapacidad, además del riesgo de tener un accidente en la vía pública, la falta de accesibilidad les dificulta el acceso al estudio, al trabajo, a relacionarse socialmente, entre tantos factores que hacen a una vida plena.
- Derogar la ley de veredas del oficialismo (Ley 5902). Responsabilidad total del Estado en la construcción, mantenimiento y reparación de las veredas. Eliminar la responsabilidad primaria del frentista ya que no es el principal causante de las roturas. Será responsable si se comprueba que la rotura fue causada estrictamente por él.
- Garantizar la participación de ONGs de personas en situación de discapacidad a fin de que las obras se hagan de acuerdo a sus necesidades.  Su omisión perpetúa errores de diseño y construcción por parte de quienes, siendo profesionales y creyendo aplicar correctamente las normas, no están compenetrados de la problemática de los espacios urbanos y edilicios respecto de las personas con discapacidad (Ver referencia a la conformación de una Comisión Asesora Permanente en Accesibilidad (CAPA), punto 7.- PARTICIPACIÓN).
- Instrumentar medidas para que el mantenimiento de veredas, relevamiento y control de las obras se realice desde las comunas. 
- Propiciar que las obras estén a cargo de cuadrillas municipales para evitar el negocio de las empresas tercerizadas.  
- Asegurar la superficie continua entre vereda, vado y cruce peatonal en los itinerarios peatonales.
Baños públicos
- Incorporar baños públicos accesibles para personas en situación de discapacidad en todo parque, plaza y recorrido o paseo con concurrencia de público. El baño debe incluir inodoro alto (50 cm medidos desde el piso al asiento), lavabo y cambiador para personas adultas.
 
5.4.- EDUCACIÓN
- Brindar accesibilidad en escuelas públicas y privadas, dando prioridad a las escuelas a las que ya concurran alumnos con discapacidad. Acatar el fallo que obliga a adecuar las escuelas tornándolas accesibles (“Fundación Acceso Ya c/GCBA s/Amparo”).
- Garantizar el transporte escolar accesible para escuelas públicas.
 
5.5.- EDIFICIOS PÚBLICOS
- Garantizar la accesibilidad en todo edificio de administración pública.
- Brindar continuidad en los itinerarios peatonales tanto en la vía pública como en los edificios. Para ello, cogestión entre el GCBA y el titular/responsable del predio, admitiendo, de ser necesario, soluciones que combinen la modificación del espacio urbano a la vez que el edilicio. Se plantearía inicialmente como prioritario para los edificios de uso público, así como para todos aquellos edificios habitados o visitados por personas con movilidad reducida.
 
5.6.- CONSORCIOS
- Proporcionar créditos blandos y/o exenciones impositivas para obras de accesibilidad en partes comunes de consorcios.
 
5.7. BARRIOS POPULARES
La pobreza discapacita y la discapacidad empobrece. Para impulsar la accesibilidad en los planes de barrios y viviendas de interés social es necesario:
- Garantizar los servicios esenciales de agua potable, cloacas, corriente eléctrica, una forma de calefaccionar los ambientes, buena iluminación y ventilación.
- Garantizar la continuidad en itinerarios peatonales y en cruces peatonales.
- Asegurar accesibilidad a los medios de transporte público brindando continuidad entre el itinerario peatonal y el móvil (colectivo, subte, tren), con cualquier condición climática.
- Asegurar que las viviendas de interés social sean mínimamente visitables (que el ingreso, las partes públicas de la casa y un baño sean accesibles) y que sean adaptables. Es decir, que si alguien que vive en esa casa adquiere una discapacidad y necesita acceder a los otros ambientes, pueda hacerlo.
 
6.- HÁBITAT
- Ampliar el espacio urbano, propiciando la iluminación natural y la ventilación.
- Incrementar las superficies parquizadas y forestación urbana.
- Instrumentar medidas para desalentar el uso del automóvil, factor de alta contaminación ambiental.
 
7.- PARTICIPACIÓN
- Implementar aquellas técnicas e instrumentos de participación apropiados para ampliar la capacidad de entrar en el debate a las poblaciones vulneradas en el derecho a la ciudad, entre ellas, las personas en situación de discapacidad. Asegurar la accesibilidad comunicacional y física.
- Transversalizar la problemática de la discapacidad en todo tema en debate.
- Garantizar el monitoreo de las políticas públicas por parte de las personas en situación de discapacidad y las organizaciones que las representan.
Respecto de edificios existentes:
- Conformar una Comisión Asesora Permanente en Accesibilidad (CAPA)[2], en materia de normativa y reglamentación en accesibilidad, que incluya especialistas en accesibilidad y representantes de organizaciones de derechos humanos de personas en situación de discapacidad, reconocidos por sus respectivos colectivos, que trabajen en la problemática de la accesibilidad al medio físico, así como de personas mayores y de niños (art. 4.3 CDPD).
Su rol será el de evaluar todo proyecto alternativo para edificios existentes, que no se adecue en un todo a las disposiciones en accesibilidad vigentes, así como la realización de un seguimiento de casos de adecuación a fin de sentar precedente en la materia y generar las necesarias articulaciones entre los conceptos pertinentes a la accesibilidad y los usos y situaciones concretas en que éste es requerido y aplicado (diferentes usos: educación, trabajo, vivienda; o bien soluciones aplicadas en espacios para diferentes etapas etarias, entre otros).
Todo proyecto alternativo a las normas de accesibilidad vigentes requerirá de dictamen vinculante de la CAPA, que deberá ser publicado en el Boletín Oficial.
Respecto de los espacios públicos y la vía pública:
- Restituir las competencias de los Consejos Consultivos de las Comunas para llevar adelante, conjuntamente con vecinos y ONGs de personas en situación de discapacidad, un seguimiento territorial del diseño, construcción y mantenimiento de veredas y vados.
La intervención de ONGs de personas en situación de discapacidad aportará en la CAPA y en comunas conocimientos y vivencias necesarias para que la Ciudad de Buenos Aires sea cada vez más inclusiva.
Participación en actos electorales:
- Asegurar plenas condiciones de accesibilidad física, comunicacional y de acceso a la información que permitan la participación ciudadana a personas en situación de discapacidad física, visual, auditiva o intelectual, en condiciones de privacidad y autonomía. De requerirlo, contar con el derecho a designar su propio asistente. 
- Garantizar boletas con los números rotulados en relieve y en braille ante cada una de las opciones, en cuartos oscuros accesibles, con localización de las boletas a una altura de entre 0.60m y 1.20m respecto del piso. Realizar un entrecruzamiento de datos de las personas sordas con CUD y su lugar de votación, para definir que haya intérpretes de lengua de señas durante todo el día en esos lugares.
 
[1] La ley N° 6132 responde exclusivamente a una estrategia judicial del oficialismo para hacer frente a un amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual se reclama accesibilidad en los subtes.
[2]Requerimiento expresado en el documento “Por un Código de Edificación Inclusivo”, elevado a la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura CABA, por Fundación Rumbos, APEBI y REDI.
 

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