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La discapacidad: un desafío para los Defensores del Pueblo

 

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LOS ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES DE LA DISCAPACIDAD
 
 

 
Sesión de Introducción. Reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, 29 de junio de 2001, Buenos Aires

 
 
Ponencia de EDUARDO JOLY, M.A. 


 
Según estadísticas internacionales, los discapacitados sumamos no menos del 10% de la población.  En algunos países, como España la cifra alcanza a 15% de la población de 15 o más años de edad, mientras que en EE.UU. alcanza a un 20% de la población mayor de 18 años. Extrapolando a nuestro país, tendríamos, por cuenta baja 3½ millones personas con discapacidad, y tal vez hasta más de 4½ millones.
 
Pero como los discapacitados no viven solos, sino que pertenecen a un hogar,  seguramente 16 millones – o sea la mitad de la población – conviva cotidianamente con el problema. Un problema encubierto por prejuicios, desconocimiento, y desidia oficial.
 
Ahora, ¿qué implica tener una discapacidad? Enormes desventajas en comparación a quienes no tienen discapacidad. Al no existir datos oficiales, del INDEC, voy a presentar datos recientes para los EE.UU., conciente que de contar con datos locales, estos reflejarían una realidad más grave y con mayores contrastes.
 
Si conseguir y conservar un empleo es harto difícil para cualquier trabajador, lo es aún más para un discapacitado. En los EE.UU. sólo el 29% de los discapacitados trabaja mientras que el 79% de los no-discapacitados trabajan. Aquí, en la Argentina, hay que hurgar para encontrar a un discapacitado que trabaje. Y cuando se lo encuentra, gana mucho menos que un no-discapacitado con el mismo puesto. Y si es mujer, gana menos aún. En EE.UU., una mujer trabajadora con discapacidad gana 43% de lo que gana un hombre trabajador con discapacidad.
 
Contar con cobertura médica se está convirtiendo en un lujo restringido a la clase media alta para arriba. Si se es discapacitado, en el mejor de los casos se cuenta con el PAMI, una obra social deficitaria en sus prestaciones y a punto de quebrar. Pero sucede que las personas con discapacidad tienen costos médicos, de rehabilitación y de asistencia personal cotidiana que impactan enormemente en el presupuesto familiar.
 
Si un discapacitado consigue trabajo, y su discapacidad es motriz, seguramente gaste cerca de la mitad de su sueldo en transporte privado (taxi o remise) porque sencillamente no cuenta con transporte público accesible. Sus ingresos no le rinden como a un no-discapacitado.
 
Los menores ingresos y los mayores gastos se traducen en pobreza.  En los EE.UU., el 34% de los discapacitados pertenece a familias con ingresos que los ubican por debajo del nivel de la pobreza, versus el 12% entre los no-discapacitados. En nuestro país podemos inferir que en las actuales circunstancias muy pocos discapacitados y sus familias escapen a la pobreza o tengan perspectivas para lograrlo.
 
Me parece que este panorama justifica ampliamente y contextualiza porqué los Defensores del Pueblo deben ocuparse de la discapacidad y darle altísima prioridad.
 
Los discapacitados son los más pobres de los pobres y en cada sector de la sociedad, los que peor están. Sean niños, jóvenes, desocupados, mujeres, ancianos, o trabajadores, si son discapacitados son los que peor están.
 
Y toda intervención en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y que apunte a mejorar sus condiciones de vida, implicará defender los derechos de los demás y mejorar superlativamente la calidad de vida de todos.
 
Por ejemplo, un transporte público accesible para un usuario de silla de ruedas se convierte en un transporte público mucho más accesible para una embarazada o mamá con un cochecito de bebé, o para un anciano. Lo mismo vale para una rampa bien diseñada y construida.
 
Oponerse a que una persona sea despedida de su trabajo luego de un accidente laboral discapacitante, redundará en mejores condiciones de higiene y seguridad laboral para todos. Oponerse a que reciba un ingreso inferior por discapacidad es defender el derecho a igual trabajo igual sueldo, y contribuirá a sostener un nivel de sueldos más digno para todos.
 
Obligar a las obras sociales y planes de salud a no discriminar en la atención médica que deben brindar a los discapacitados, no difiere en mucho y establecerá jurisprudencia adicional para reclamos similares por parte de pacientes con HIV/SIDA o cáncer.
 
En esto contexto, ¿qué rol juegan las ONG? ¿y cómo pueden complementarse estas organizaciones sociales con las Defensorías?
 
Con seguridad, las Defensorías se van armando de su propio “genio epidemiológico”, es decir, descubren tipos de reclamos ciudadanos que se repiten o que por su propia naturaleza son paradigmáticos o manifestaciones de problemas sociales más amplios. En otras palabras, un reclamo individual seguramente sea un emergente de un problema social compartido por muchos.
 
Un criterio que empieza a imponerse en el derecho de interés público es poner los mayores esfuerzos en pelear aquellos casos con mayor impacto y alcance social. Y para ello, es particularmente conveniente presentarlo desde el principio como una causa colectiva y no como una causa individual. Para que los jueces, al dictaminar, sienten jurisprudencia válida para casos y problemáticas afines.
 
En el caso de las Defensorías, las ONG pueden jugar un papel clave en ayudar a identificar, investigar y desplegar los efectos sociales de medidas de Gobierno o de empresas privadas violatorias de derechos ciudadanos. Y a darle contenido, sentido y cuerpo, y respaldo político a iniciativas de las Defensorías. O bien, a recibir el respaldo de las Defensorías en iniciativas de las mismas ONG.
 
En el área de discapacidad tenemos experiencias muy ricas al respecto. Puntualmente, un relevamiento realizado conjuntamente entre la REDI y la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires sobre transporte público de pasajeros, específicamente colectivos. Y otro realizado por REDI con el patrocinio del Consejo Multisectorial de Organizaciones Sociales de la misma Defensoría y bajo la dirección técnica de Fundacion Rumbos, sobre accesibilidad a los Centros de Gestión y Participación Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Ambos relevamientos derivaron en informes con alto impacto en los medios y pusieron al descubierto el simulacro de accesibilidad en el transporte por un lado y los obstáculos que encuentran los ciudadanos con discapacidad física o sensorial (sordos y ciegos) cuando procuran realizar un trámite o presentar una queja ante el Gobierno. Sencillamente no pueden llegar a las oficinas correspondientes.
 
Ambos relevamientos dan pié para iniciar acciones desde la Defensoría ante situaciones que afectan a amplios sectores de discapacitados. Y también constituyen datos fidedignos que pueden ser utilizados por las ONG para presionar políticamente sobre las autoridades de Gobierno y empresas concesionarias de servicios públicos y para respaldar y justificar acciones legales.
 
Finalmente, quiero destacar que la estrecha relación entre las ONG defensoras de los derechos de los discapacitados y la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires se facilita por que en esta Defensoría trabaja un equipo de profesionales con discapacidad sobre el tema. Y lo hacen desde una perspectiva de derechos humanos.
 
Notablemente, la primera medida de la Defensoría Porteña en responder e impulsar el derecho al trabajo fue incorporar a una abogada con discapacidad que había transformado su búsqueda de trabajo en un caso paradigmático. De ahí en más, la Defensoría fue profundizando su compromiso en el tema, asignando recursos humanos, incorporando a más profesionales con discapacidad, resolviendo en gran medida la accesibilidad en su sede, desarrollando iniciativas legislativas en la materia, convocando a ONG a un creativo trabajo en conjunto, y jerarquizando el tema en las Jornadas REDI-CoMO-Defensoría sobre Equiparación de Oportunidades en el ’99 y en esta Reunión de Defensores del Pueblo.
 
Un ejemplo a seguir... Son caminos posibles...
 

 


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