Fundación Rumbos - Accesibilidad

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La accesibilidad no es un lujo

Arq. Silvia Aurora Coriat
- Enero de 2003
 
NOTA ENVIADA A CLARÍN ARQUITECTURA en el período posterior a la promulgación de la Ley 962 y anteriormente a su puesta en vigencia.
 

 

Sr. Director, Suplemento de Arquitectura, Humberto González Montaner
C.C. Silvina Marino – Redactora
A fin de  que los profesionales puedan apropiarse del sentido de las profundas modificaciones que incorporan pautas de accesibilidad al medio físico al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires es imperioso explicitar las ventajas que éstas significan para el usuario o comitente. No hacerlo, las reduciría a valores arbitrarios percibidos como restricciones al proceso creativo. 
Las objeciones planteadas a dichas modificaciones tanto por entidades de Arquitectos como de Ingenieros revelan un desconocimiento general de la problemática.
Cambios discapacitantes: un riesgo intangible en la vida de todos
A lo largo de nuestras vidas se producen  cambios respecto de nuestra propia movilidad.  Admitirlos es reconocer que el 100 % de nosotros es susceptible de contar en algún período con movilidad reducida. Tal el caso de las personas de edad avanzada. Pero también el de quienes se accidentan o enferman transitoriamente... o de manera permanente.
Al elegir una vivienda ¿cómo anticiparse a estos problemas? Sumar al impacto causado por un trauma físico la necesidad perentoria de cambiar de hogar agrava dificultades personales y familiares.
Anticiparse a las necesidades
Los arquitectos, que profundizamos a veces en detalles mínimos respecto de algunas peculiaridades de gustos y costumbres de los comitentes, dejamos en blanco todo aquello que se aleje del aquí y ahora, aunque las consecuencias invaliden buena parte de nuestro desarrollo y producción. No corresponde – y entiendo que a los arquitectos se nos plantea un problema ético – concebir los cambios discapacitantes de los habitantes como problemas meramente individuales, o asociarlos sólo a la enfermedad. Hace más de 20 años que se ha comprendido en nuestro país que la discapacidad es un problema social, y como tal debe ser abordado, incluyendo las acciones que competen a las diferentes profesiones que inciden en las maneras de habitar. 
No existen en las normativas aplicadas hasta hoy criterios preventivos en materia de diseño. Así como aplicamos coeficientes que brindan márgenes de seguridad al calcular estructuras, es necesario también contar con márgenes de seguridad ergonómica. 
Pretender construir un porcentaje de viviendas accesibles equivalente al porcentaje de personas con discapacidad sería equiparable a aplicar criterios de seguridad en el cálculo de los edificios en un porcentaje igual a los porcentajes de siniestros. ¿Para qué excederse, si implica más material, más costos, y no es tanta la gente que sufre las consecuencias de dichos siniestros?
Además, más allá de las características del propio hogar ¿acaso una persona con discapacidad no tiene derecho a visitar a parientes y amigos?
Ascensor: la piedra del escándalo
Para salvar un desnivel de 1, 2 o más pisos se requiere de un ascensor. Como en los viejos tiempos, pero con algunas licencias poéticas, decimos: “El consorcio no se hace responsable por los daños ocasionados por el uso de la escalera ....ni de la rampa-tobogán”. 
Quienes utilizan sillas de ruedas o tienen problemas para trasladarse, y quienes hayan sido solidarios con ellos en alguna ocasión en que no se contó con ascensor, saben a qué me refiero. Saben de los riesgos de subir y bajar escaleras, y también saben de los riesgos que presentan para todos (niños incluidos) las rampas cuando su pendiente es excesiva. Y así lo entienden también los futuros propietarios integrantes de humildes cooperativas de viviendas. No obstante, sus arquitectos asesores se esfuerzan por disuadirlos con argumentos economicistas de corto plazo, sin siquiera contemplar subsidios estatales para cubrir la inversión que un ascensor supone. En contra de las necesidades expresadas por los propios futuros habitantes, se impuso históricamente la ausencia de ascensor, con prototipos de diseños que hoy están defendiendo a rajatabla en nombre de un pretendido “progresismo”. 
No son precisamente las normas de accesibilidad física las causantes de la falta de crédito, de la falta de trabajo y recursos económicos, para acceder a una vivienda digna. No creo que sea a favor de los usuarios la aplicación de una falsa economía que retacea necesidades intangibles, como ésta.
Los usuarios, la variante de ajuste
La nueva normativa – lejos de generalizar a todos los usos las mismas condiciones de accesibilidad, plantea para edificios de vivienda un grado restringido de accesibilidad, referido en particular a la holgura de paso. Fue también por argumentos economicistas que se logró imponer dimensiones mínimas inferiores para el baño en las viviendas de interés social. Ello no torna inaccesibles a dichas viviendas, pero torna sumamente engorrosa su habitabilidad. 
Este es un logro de las entidades profesionales antes citadas, que mediante su presión lograron reducir dimensiones y por lo tanto las viviendas no se ajustarán a los requerimientos de accesibilidad presentes en la Ley Nacional 24314, y reclamados por las organizaciones de personas con discapacidad. ¿Qué significa? Sólo usuarios de sillas de ruedas de dimensiones standard o más pequeñas podrán circular e ingresar a las habitaciones; podrán también ingresar a la cocina y al menos a uno de los baños. Sin embargo, deberán ser muy cuidadosos en sus recorridos, evitando golpear marcos, puertas y paredes. Para ingresar a las habitaciones que dan a pasillos deberán hacer al menos 3 maniobras, debido a que es en los giros donde más espacio se requiere. ¿Acaso se pretende complicarles aún más la existencia?
 Accesibilidad: ¿“gasto” suntuario o retaceo a solucionar un problema social?
Un mito instalado es que la accesibilidad es suntuaria, y que por lo tanto debe eximirse de este “gasto” a familias con graves problemas económicos.
Se deja de lado en este planteo que es justamente en las familias pobres donde más frecuente es la discapacidad, y por lo tanto es en dichas familias donde más necesaria es la accesibilidad en las viviendas.
Se omite que a medida que el valor de la tierra en la Ciudad de Buenos Aires se fue incrementando, la “racionalización” en el diseño de los espacios redujo el tamaño de los ambientes hasta dimensiones inhabitables para cualquiera. 
Se omite que las reducciones a las dimensiones mínimas se han hecho para obtener tres ambientes donde en realidad hay espacio para dos. 
Pero entonces, si las corporaciones de profesionales de la construcción acompañaron esta distorsión a favor de un mayor rendimiento económico que ha brindado sus beneficios a lo largo de décadas a los emprendimientos de vivienda, ¿quién tiene hoy que hacerse cargo de la diferencia, cuando contamos por fin con una ley que defiende el derecho a un hábitat accesible para las familias que más lo necesitan?
Entiendo que debe desandarse el camino que redujo el tamaño de los ambientes.
De esta manera, parafraseando al diputado Rubén Campos - Presidente de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura Porteña - esta Ley legislará no sólo para las personas con discapacidad, sino para brindarle un hábitat más humano a todos.  El nuevo Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume así lo que da en llamarse en la comunidad internacional “Diseño Universal”.
 

 


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