Fundación Rumbos - Accesibilidad

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El derecho a elegir por dónde y cómo transitar la ciudad

 

Por Silvia Coriat
Especial para LA NACION
Miércoles 27 de febrero de 2008 | Publicado en la Edición impresa 
 
El concepto de accesibilidad se ha instalado en numerosos pueblos y ciudades que procuran implementarla en las cuadras céntricas de mayor flujo peatonal, o en aquellas cercanas a hospitales. Los vados o rampas se perpetúan como el principal referente de accesibilidad; premisa parcialmente correcta respecto de la trama de itinerarios peatonales. Pero la accesibilidad en la vía pública no se resuelve sólo con rampas: veredas deterioradas; equipamientos comerciales; elementos de infraestructura urbana, desde semáforos hasta papeleros en veredas angostas, y el intenso flujo peatonal dificultan y desalientan la circulación de quienes usan sillas de ruedas, y para quienes tienen un andar frágil o pretenden llevar a bebes en sus cochecitos.

Menos visibles y más difíciles de zanjar son las situaciones en los espacios interiores: un primer piso por escalera en una escuela, por ejemplo, o las dimensiones exiguas impiden ingresar con una silla de ruedas en el ascensor o el baño; excluyen de reuniones, viajes y trabajos; finalmente, de la vida social y económica.

La ciudad de Buenos Aires cuenta cada vez más con construcciones edilicias accesibles, gracias a la fusión de especificaciones de accesibilidad en su Código de Edificación. Es esencial que en la nueva estructura, con la que contará dicha normativa, esta cualidad no se diluya. Mal podríamos proclamarnos a favor de la inclusión, perpetuando con anexos de normativas especiales los guetos que pretendemos erradicar en la sociedad.

El enfoque legal

Cuando las normativas locales no aludan a la accesibilidad, o lo hagan parcialmente, otros instrumentos legales vigentes velarán por su aplicación.

Nuestra Constitución, las leyes nacionales y los pactos suscriptos por el país cuentan con principios antidiscriminatorios y de defensa de los derechos humanos. Para todo ámbito urbano o arquitectónico inaccesible que dé lugar a que alguna persona con discapacidad se considere discriminada rige jurídicamente la obligatoriedad de su adecuación en los términos de la ley nacional 24314, sin requerimiento previo de adhesión a ésta.

Otros países ubican en sus códigos accesibilidad y seguridad en un mismo nivel.  ¿Se va enraizando la accesibilidad como atributo básico en nuestros organismos de gobierno y estudios de arquitectura? ¿Es percibida como enriquecedora? Negada durante décadas y atomizada en múltiples especificaciones congeladas, irrumpe desde acciones positivas en materia de derechos humanos, abriéndose recién entonces la oportunidad de fusionarla con el espacio único y continuo que habitamos, otorgando sentido a cada una de sus normas, en su aplicación y uso.

Más que el acatamiento literal de cada especificación técnica, valoramos el otorgarle a la accesibilidad su verdadera dimensión: brindar al ser humano el albergue y cobijo que le permitan habitar con plenitud, sobre todo en sus condiciones más adversas; asumiendo sus potenciales, pero también su vulnerabilidad.

El buen diseño ha excluido a las personas con discapacidad de espacios públicos y privados. ¿Acaso las obras de los estudios insignes, previas a la ley 962, brindan accesibilidad? Casi ninguna. Lejos de pretender un premio, el objeto de la ley 962 fue establecer algunas obligaciones que garanticen la presencia de accesibilidad en edificios y veredas. Una reescritura necesaria del Código no podrá prescindir de claras normativas de seguridad y accesibilidad. Ninguna de éstas puede quedar al arbitrio del buen diseño, tal como lo entiende el arquitecto Bennun (nota 20/2/2008, suplemento Arquitectura). Gracias a la ley 962, las personas con discapacidad comienzan a tener la opción de elegir dónde vivir y por dónde transitar.

 

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