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El derecho a la tecnología

Por Eduardo Joly, Presidente de Fundación Rumbos.
 
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es considerada el documento más avanzado en materia de derechos y discapacidad.  Forma parte de nuestra legislación en virtud de la adhesión del país a la misma (Ley 26.378). Como tal, puede convertirse en un instrumento sumamente valioso para hacer valer los derechos de un sector históricamente postergado.
A los efectos del tema que hoy nos ocupa – derecho a la tecnología – quisiera señalar, sin embargo, que la Convención Internacional, así como las Normas Uniformes de Naciones Unidas que la inspiró, restringe y focaliza su mirada en las personas con discapacidad como usuarios y destinatarios finales de tecnologías. Desde este enfoque, soslaya un análisis más estructural que podría dar cuenta del papel que las tecnologías podrían jugar en la constitución de las PCD como seres productivos. Se trata de paradigmas diferentes sobre la problemática de la discapacidad.
En la Convención Internacional, las referencias a tecnología aparecen en los artículos 2.-Definiciones, 4.-Obligaciones generales, 9.-Accesibilidad, 20.-Movilidad personal, 21.-Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, 26.-Habilitación y rehabilitación, 29.-Participación en la vida política y pública, y 32.-Cooperación internacional. Mayoritariamente, las referencias se centran en “tecnologías de la información y las comunicaciones” y “tecnología de apoyo”, y secundariamente en “tecnologías adecuadas” y “tecnologías accesibles al menor costo”.
Coherente con el enfoque de derechos humanos que anima esta Convención, las referencias apuntan a que los individuos con discapacidad cuenten con soluciones tecnológicas a la medida de sus necesidades particulares, quedando casi implícito que por tecnologías se entienden justamente soluciones a problemas identificados a nivel del individuo con discapacidad y en lo que hace a su movilidad personal, a su rehabilitación médica, y a su capacidad de informarse y comunicarse con otros.
Las soluciones tecnológicas se materializarían entonces en productos de consumo y de uso personal, en ámbitos hogareños, terapéuticos, y de circulación social general, y supuestamente contribuirían a garantizarle autonomía a las PCD.
Cabe destacar que la Convención pone especial atención en tecnologías que faciliten la participación ciudadana de las PCD en la vida política y pública (artículo 29), atendiendo a un fuerte reclamo que hace al protagonismo de las PCD en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
Llama la atención, entonces, que no haya referencia alguna a tecnologías en el artículo 27 referido a Trabajo y Empleo, es decir, al ámbito de circulación social que mejor define a la persona con discapacidad justamente por su sistemática ausencia del mismo. Las condiciones necesarias para trabajadores con discapacidad en los procesos de producción son soslayadas por la Convención porque, paradójicamente –desde su enfoque de derechos humanos individuales – no parte de una mirada social del problema. ¿A qué me refiero? A que lo que define a las PCD, más que nada, es su condición de no-trabajadores que como tales se ven impedidos de ganarse la vida trabajando.
Para la Organización Internacional del Trabajo [OIT]: “Las PCD experimentan...prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral. Se enfrentan...a la discrimi­nación en...la contratación. (...) En Francia se constata que menos de un 2% de aquellos que han hecho mención de una discapacidad en el CV han sido convocados para una entrevista. Las PCD son contratadas principalmente a través de agencias de trabajo temporal, para...minimizar los riesgos de los empleadores”. Más aún, “Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual”. La OIT también destaca que“En Europa, el 52 por ciento de las personas gravemente discapacitadas no forma parte de la fuerza de trabajo”, “En el Reino Unido...en 2005...dos tercios de las PCD que estaban desempleadas declararon desear trabajar pero no encontrar...trabajo”, “La diferencia de salario de las mujeres con discapacidad en Australia es superior en un 44% al de aquellas que carecen de ella. En el caso de los hombres, dicho porcentaje es del 49%, además de que la discapaci­dad tiene una influencia directa en el bajo nivel de los salarios”.
De hecho, la concepción moderna de la discapacidad, tal como la conocemos, surge con la industria, en los albores del desarrollo del capitalismo, como incapacidad sospechada para el trabajo productivo, es decir, como incapacidad sospechada para generar más valor que el necesario para reproducirse como clase social, y por tanto generar valor adicional, o plusvalía, para quien los contrata. En el sistema de producción en que vivimos, quien trabaja por un salario sólo tiene para ofrecer su capacidad de trabajo (o fuerza de trabajo), y quien lo contrata pone a su disposición los medios de producción que le pertenecen (y entre estos está el capital tecnológico). Se supone que el trabajador llega con los conocimientos y habilidades necesarias para manejar las maquinarias y dispositivos tecnológicos implicados, y si no, quien lo contrata lo capacita en el trabajo mismo en el uso de esos medios de producción. De hecho es lo habitual cuando se incorporan nuevas tecnologías en los procesos de producción. Algo que se hizo muy evidente con la introducción de las computadoras (las workstations) y que es permanente a medida que se van introduciendo y modificando programas y sistemas operativos.
Sin embargo, las PCD en general no llegan a su edad laboral con los conocimientos básicos necesarios para postularse como trabajadores. Cabe destacar, que la Convención tampoco hace referencia explícita a tecnologías en el artículo 24 referido a Educación. Una omisión, que sin proponérselo, revela que la formación académica de las PCD tienda a ser deficitaria, debido a que en el sistema educativo no se los piensa como trabajadores potenciales, y por ende no se los forma para que lo sean.
Un estudio reciente sobre educación inclusiva y accesibilidad en Argentina analizó las dificultades que enfrentan padres para inscribir a sus hijos con discapacidad motriz, sin compromiso cognitivo o intelectual, en escuelas comunes. Los recorridos Kafkaianos que llevan a callejones sin salida y la derivación a escuelas especiales conllevan el mensaje implícito de desinterés por educarlos en serio para una inserción laboral a futuro.
Según el INDEC, una de cada 3 PCD no ha accedido al umbral mínimo de educación versus una de cada 10 para la población total. Sólo el 18% de las PCD terminaron sus estudios secundarios versus el 37% para la población total. El 9% de las PCD no saben leer o escribir versus el 2% para la población total. Y el porcentaje de analfabetismo es particularmente alto entre quienes pudieran ingresar al mercado laboral: 21% entre PCD de 15 a 29 años versus 1% para la población total.
De todas formas, cuando excepcionalmente PCD llegan al mercado laboral con los conocimientos requeridos, no hay puestos disponibles para ellos, porque los empleadores potenciales no están dispuestos a realizar las adecuaciones necesarias en tecnologías, en accesibilidad edilicia o comunicativa, porque suponen que no les podrán sacar el jugo como trabajadores, o sea, porque suponen que no los podrán explotar tanto como a los demás. Quiero aclarar que por explotación me refiero a todo trabajo realizado para otro, más allá del tiempo necesario para cubrir el sueldo que se percibe. Es un concepto clásico de la economía política y que define las relaciones sociales en la producción capitalista.
Así pues, y como los empleadores, reitero, suponen que no les podrán sacar el jugo a las PCD en calidad de trabajadores, estas últimas se ven obligadas a sobrevivir mendigando, ya sea del Estado, de sus familias, de la caridad institucional o de la caridad ciudadana en las calles. Como dice Marcelo Silberkasten en “La Construcción Imaginaria de la Discapacidad”, el único derecho que le cabe a las PCD –inalterado a lo largo de la historia– es el derecho a limosnear.
 

Al respecto, quiero leerles una nota de Página12 de marzo de este año. Se titula Granada y dice así: “A la entrada de La Alhambra hay un poema. Si hubiera sabido lo que decía no se lo hubiera leído, pero empecé a leerlo y no hubo forma de parar. Fue horrible. El poema decía: Dale limosna, mujer/ que no hay en la vida nada/ que sea desgracia mayor/ que la de ser ciego en Granada.” (De María Kodama, al relatar sus viajes con Jorge Luis Borges, en la inauguración de una muestra fotográfica en Berlín).

 

De hecho, al único mendigo a quien no se le cuestiona su condición de tal, es al mendigo con discapacidad. A nadie se le ocurre pensar, cuando se cruza con una PCD mendigando en la calle: “dale vago, andá a laburar”. Porque en el imaginario social tener una discapacidad y trabajar no van de la mano. Pero tener una discapacidad y mendigar sí van de la mano. Para lo cual, las tecnologías simbólicamente adecuables a dicho fin demuestran ser las sillas de ruedas, los bastones de ciegos, las muletas (jamás las prótesis, a menos que se las exhiba desnudas para alimentar la lástima).
Simbólicamente, todos estos elementos confirman en el otro la representación que tiene la discapacidad en el imaginario social. Cualquier otra PCD (sea sorda, epiléptica, cardíaca, discapacitada intelectual) no es reconocida como discapacitada e inmediatamente se sospecha de su condición. Y aunque, por ejemplo, muestre su certificado de discapacidad para acceder a los beneficios que le otorga, tales como gratuidad en el transporte, a menos que la discapacidad sea claramente observable se lo sospechará de trucho, de certificado trucho, de discapacitado trucho, de alguien que pretende presentarse como lo que no es. Ya que quien lo es sí tiene derecho a pedir, sí tiene derecho a que se lo exima de pagar por determinadas prestaciones, sí tiene derecho a no trabajar. Y ese derecho a no trabajar se convierte en un mandato social, que justifica y explica por qué no se le brinda la oportunidad de trabajar ni se generan las condiciones para que pueda hacerlo. Da cuenta de la enorme brecha entre lo legislado y lo cumplido en materia de cupo laboral, por ejemplo, entre las expresiones de deseos y las concreciones. Y demanda un cambio paradigmático en el pensar y en el hacer.
De ahí, que si vamos a hablar de derecho a la tecnología, debiéramos hablar ante todo del derecho a acceder a aquellas tecnologías que faciliten poder ganarse la vida trabajando a cambio de un salario.
Sin embargo, las soluciones tecnológicas prevalentes son aquellas que devienen en mercancías de consumo personal (sillas de ruedas, audífonos), incluso para problemáticas en espacios públicos (orugas para salvar escalones, autos adaptados).  Empero, quedan sistemáticamente postergadas las soluciones más sociales (mecanismos de ingreso a transporte público, sistemas de elevación vertical), y más aún las destinadas a ámbitos productivos (adaptaciones ergonómicas en maquinaria fabril). Una cosa son las adecuaciones tecnológicas para el consumo final, y otra cosa son las adecuaciones tecnológicas aplicadas en espacios de concurrencia pública y a los sistemas de transporte público y de producción. Y si nuestro objetivo es que las PCD dejen de ser discapacitadas para el trabajo, es decir, puedan ganarse la vida productivamente, entonces debemos poner el acento en las tecnologías de producción para que ello sea posible. Y la primera condición es reconocer a las PCD como trabajadores e imponer ese derecho ante todo. Entonces, podríamos pensar que las tecnologías estarán al servicio de quienes las precisan y dónde más las precisan.
Esta última formulación, que “las tecnologías estarán al servicio de quienes las precisan y dónde más las precisan”, parece, a primera vista, válida. Pero es engañosa. Parte del supuesto que las tecnologías valen ante todo por el uso que se les da, y encubre la permanente tensión entre el valor de uso y el valor de cambio de las mismas. ¿A qué me refiero? Veamos…
Daré un ejemplo, referido a sillas de ruedas motorizadas. Uno de los fabricantes más importantes de EEUU – Quickie – diseñó una silla de ruedas motorizada que salió al mercado en 1990, con innovaciones tecnológicas notables. El modelo se denominó P200. Según su diseñador, James Okamoto, “Mis objetivos fundamentales de diseño fueron brindarle al usuario de una silla motorizada mayor durabilidad, velocidad, maniobrabilidad, manejo y transportabilidad que lo que existía hasta el momento. Se introdujeron varias modificaciones en el diseño antes de iniciar su producción y sobre las cuales no tuve ningún control, y creo que comprometieron a la silla en algunos aspectos. Sin embargo, el diseño se conservó en un 90%”. Una ONG que evalúa desarrollos tecnológicos para PCD en los EEUU (USATechguide), decía, “Según los correos electrónicos que recibimos, muchos usuarios de este producto consideran que es la silla de ruedas motorizada más duradera que han tenido. No será la más bonita ni la más high tech, pero es una verdadera “bestia de carga”. A muchos usuarios les ha servido muy bien durante más de 10 años”. Sin embargo, diez años después de introducir esta silla, Quickie la descontinuó, reemplazándola por el modelo P222, que apenas dura 4 años. Si consultamos con el importador y representante en Argentina, hoy día ninguna silla motorizada dura más de 5 años. Veamos la evaluación comparativa que hacen usuarios de sillas Quickie:
 
 
P200
P222
S525
S626
Durabilidad
4,54
2,71
3,00
2,00
Facilidad en el uso
4,46
4,14
3,82
3,71
Satisface expectativas
4,23
2,57
2,64
2,71
Evaluación Global
4,15
2,71
2,82
2,43
Precio de lista (usd)
$ 6300
$ 7295
$ 5295
$ 7895
 
Claramente el modelo P200 supera a todos los posteriores, y por lejos al P222 que lo reemplazó. Más allá de las publicitadas mejoras tecnológicas de los modelos actuales, la relación precio-durabilidad es significativamente superior para el P200, ya que a menor precio incluso dura dos veces más que cualquier otro modelo. Al sacarla del mercado, Quickie pudo restarle vida útil a sus sillas motorizadas, lo cual redunda en mayores ventas y por ende en mayores ganancias para la empresa. Un claro ejemplo de diseño para la obsolescencia que remite al concepto enunciado por Vance Packard a principios de los 60. Un claro ejemplo en el que el valor de cambio para la empresa (realización de la venta) se impone al valor de uso para el usuario, la PCD.
Entonces, ¿tecnología al servicio de quien? ¿Al servicio de qué? Al servicio de los fabricantes, al servicio de asegurarles sus ganancias. Y no al servicio de los usuarios, no al servicio de brindarles productos confiables, duraderos, y económicos.
Para que la tecnología esté al servicio del usuario final de la misma, en este caso de la PCD, para que pueda acceder a ella y le sirva en su mejor expresión utilitaria, sería necesaria la directa intervención del Estado como proveedor de dicha tecnología, y aún más, como generador y productor de la misma. Así como en materia de salud se hace necesaria la des-mercantilización de las prestaciones vía la producción estatal de medicamentos, la atención universal y gratuita en un sistema de salud pública, y la priorización de políticas sanitarias preventivas, también se hace necesaria la des-mercantilización de las soluciones tecnológicas. Caso contrario, las únicas que verán la luz del día serán las que los empresarios consideren redituables, y aún así, estas sólo podrán llegar a quienes cuenten con los recursos económicos para adquirirlas o con los medios para reclamar y exigirlas, y de ser necesario recurrir a la justicia para que las Obras Sociales, Prepagas o el Estado mismo se las provean. Las PCD no deben ser ni rehenes del interés económico de los empresarios de la industria de la rehabilitación, del afán de lucro que anima al sector privado, ni de los mecanismos burocráticos instalados para desalentarlos en la satisfacción de sus necesidades.
Si nos detenemos en las tecnologías de uso social veremos que esta tensión entre valor de uso y valor de cambio también se pone en juego. ¿Qué pasa con el transporte público, puntualmente en nuestro país donde la prestación del servicio se ha privatizado? Sencillamente, que aún no contamos con suficiente transporte público accesible, es decir con unidades diseñadas y equipadas para el transporte seguro y confiable de PCD, sea cual fuera su discapacidad. Si las leyes vigentes se hubieran cumplido, hoy día todos los colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano serían accesibles. Y las líneas ferroviarias también (recordemos que antes de su privatización había rampas de acceso en las puntas de andén, rampas que se clausuraron y reemplazaron por accesos diseñados para garantizar la cobranza del pasaje, afectando tanto a PCD como a adultos mayores que se vieron obligados a recorrer mayores distancias para llegar a los andenes). ¿Y por qué ni la mayoría de los colectivos ni trenes son accesibles? Porque los empresarios no conciben invertir en unidades accesibles para el transporte de quienes no pagan por sus pasajes, y porque el Estado tampoco concibe que se tomen medidas para que quienes hoy están exentos de pagar en virtud de su discapacidad se conviertan en trabajadores productivos que sí puedan pagar como los demás.
E invertir en facilitarles la circulación a los jubilados tampoco es prioritario para unos y otros. Las soluciones tecnológicas están, pero la decisión política y empresaria para aplicarlas no.
Por el contrario, cuando de transporte privado se trata, entonces se instrumentan los mecanismos necesarios. Se reglamenta y cumple la ley de exención impositiva para la importación o compra nacional de autos y para el no pago de la patente. Ley que curiosamente beneficia especialmente a quienes tienen el recurso económico para adquirir un auto y mantenerlo. Las soluciones están para lo particular y privado, pero no para lo compartido y social.
¿Y qué pasa con las tecnologías de apoyo en los procesos mismos de producción, en los procesos laborales? ¿Se promueven y aplican innovaciones que permitan que un trabajador con discapacidad pueda operar a la par de uno sin discapacidad? ¿Se legisla y/o instrumentan políticas públicas para que se adecuen puestos de trabajo para PCD tanto en el sector público como en el privado, y para que se los capacite en esos puestos de trabajo? La evidencia indica que no, excepto en casos aislados. ¿Por qué?
Veamos el siguiente ejemplo. Así como lo auditivo tiene que ser visual para un sordo, lo visual tiene que ser auditivo o táctil para un ciego. Y conscientes de esto, somos testigos de desarrollos de software y hardware que leen en voz alta texto escrito en pantallas, o que traducen a texto escrito lo que la voz dicta. Tecnologías que posibilitan la comunicación para personas ciegas, para personas sordas. Tecnologías que teóricamente podrían igualar a los trabajadores en los procesos de producción.
 

En otras palabras, podemos postular que el desarrollo de los medios técnicos en el trabajo han creado las premisas para superar las limitaciones de la discapacidad frente al trabajo. Tanto hombres como mujeres, a pesar de su condición física, sensorial e inclusive intelectual, se igualan frente al monitor de una computadora como instrumento de trabajo (a saber, programas de lectura para ciegos y de escritura para quienes no pueden usar sus manos). El mismo régimen social que condena desde sus inicios a las PCD al desempleo ha creado las condiciones para su igualación frente al trabajo. Pero para que ello se materialice, estas personas deberían poder trabajar sin que se pretenda que al hacerlo generen ganancias para otros.

 

Tengamos presente que no todos, tengan o no discapacidad, despliegan la misma capacidad productiva, dependiendo ello no sólo de características personales sino también de las condiciones en que trabajan, incluyendo los medios técnicos puestos a su disposición. Si no tuvieran que generar ganancias para otros, las PCD podrían acceder masivamente al empleo. Bastaría con que pudieran aportar a la producción social desde sus capacidades aunque estas fueran limitadas. Entonces, en este contexto, las tecnologías estarían efectivamente al servicio de quienes las precisan, dónde más las precisan y para lo que la precisan: para ganarse la vida trabajando.
 
Gracias.
  

Bibliografía

  

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, Ley 26.378 (2008) - http://www.cndisc.gov.ar/doc_publicar/legales/ley26378.pdf
INDEC, CONADIS, La población con discapacidad en la Argentina, Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, Buenos Aires, 2005, pp.120-135.
Joly, Eduardo D., Discapacidad y empleo: por el derecho a ser explotados, El Dipló (Edición para el Cono Sur de Le Monde Diplomatique), Octubre 2008, Año X, Número 112, páginas 34-36).
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Rieznik, Pablo, Las Formas del Trabajo y la Historia, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2003.
Rosato, Ana y Angelino, María Alfonsina (coords.), Discapacidad e ideología de la normalidad: Desnaturalizar el déficit, Buenos Aires, Noveduc Libros, 2009.

Silberkasten, Marcelo, La Construcción Imaginaria de la Discapacidad, Buenos Aires, Editorial Topia, 2006. 


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