Defensoría General,  Poder Judicial CABA, Jornada sobre "Discapacidad y Derechos Humanos. Organizada conjuntamente por la Secretaría General de Derechos Humanos y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Abril de 2010.

Una cena preparada en casa para un grupito de amigos íntimos y queridos.  Es en un primer piso, amplio, de un hermoso edificio con ya varias décadas, en el barrio de Belgrano.  Llueve mucho. Comienzan a llegar. Todos ellos han estado en otras oportunidades. Una de las invitadas llega, ingresa … pero no puede entrar al ascensor.  No hay manera. Ha estado muchas veces, pero no encuentra la forma. Viene en silla de ruedas, y en ese ascensor cambiaron la puerta tijera por otras de  tablillas que ocupa más lugar. Pruebas y más pruebas. No hay solución.  El pretexto de la cena para un encuentro con amigos, se transforma en un paquete, una vianda para llevar a casa.

Lo frustrante no es el ascensor, o en otros casos la escalera, o el baño: lo frustrante es todo lo que fue proyectado hacer y queda trunco. Y aquí hablamos de una cena. Pero qué cuando se trata de una escuela, un lugar de trabajo, de proyectos de vida. Qué cuando el entorno es tan hostil que no son concebibles siquiera proyectos.

Lo relatado parecería haber sido escrito hace 12 años. Pero no; sucedió hace una semana.  En la Ciudad de Buenos Aires se siguen reemplazando las puertas tijera por otras que tornan inaccesibles edificios enteros.  Este es un caso individual y a la vez paradigmático. Hace 12 años, un caso idéntico (otro edificio pero con la misma persona!) en el que se tornó inaccesible el edificio de su médico, dio lugar a la Ley 161, modificatoria del capítulo de ascensores del Código de Edificación, incorporando pautas de accesibilidad. Y esta modificación fue el puntapié para la modificación de todo el Código, mediante la Ley 962.

¿QUÉ ES LA LEY 962?

Vigente desde mayo de 2003, fusiona especificaciones referidas a accesibilidad con el conjunto de las disposiciones requeridas en el Código de Edificación de la Ciudad 1 para proyectar, edificar y obtener los correspondientes permisos y habilitaciones.  

El Código, y con él esta Ley, alcanza a  las construcciones de la línea municipal o línea oficial hacia el interior de cada predio. Alcanza también las veredas, dada la obligación de los frentistas de construirlas y mantenerlas.

La Ley 962 es taxativa. Procura enumerar exhaustivamente todas las especificaciones pertinentes a accesibilidad.  

Desde 1997 estaba vigente a nivel nacional el DR de la Ley 24314, la mayoría de cuyas especificaciones coinciden con los contenidos de la Ley 962 de CABA. Pero ésta última los introduce capítulo a capítulo, párrafo a párrafo, incluidos los códigos de habilitación. Instala técnicamente un nuevo campo temático, un cambio de mirada y de procedimiento.

En el año 1994, cuando la CABA aún respondía a normativas federales, caduca el  plazo de 10 años fijados por la reglamentación de la Ley 22431 para llevar a cabo adecuaciones en accesibilidad en las reparticiones de concurrencia de público.

Las adecuaciones pendientes seguían pendientes, pero ocurren entonces dos cosas interesantes: a nivel nación, entra en vigencia la ley marco 24314, positivamente innovadora en materia de accesibilidad. Pero a nivel CABA, la Ordenanza Nº 47.818/1994, “Instalaciones para el desplazamiento de discapacitados” copia y pega a las apuradas en el Código de la Ciudad, contenidos en accesibilidad, encapsulados y exentos de la estructura de contenidos del Código. (A continuación de  4.12.4 “Requisitos particulares para depósitos inflamables”, (4.12 “Sección contra incendio”)). Sin especificar Sección / capítulo / ítem / parágrafo. Nada. Descuelgue total.

Dos conductas sintomáticas: invocar las mejoras a las normativas, como si el incumplimiento anterior se debiera a que faltaba esta nueva versión; y simular la incorporación de contenidos en disposiciones municipales para que “figuren”, también como cortina de incumplimientos. Esta era la situación previa a la vigencia de la Ley 962.

La Ley Nº 962 abre las puertas de la Ciudad a las personas con dificultades en su movilidad o comunicación, particularmente a las personas con discapacidad motora. Las mejoras más significativas amplían las medidas de circulaciones, puertas, interiores de baños y ascensores, y obligan a proyectar alternativas a las escaleras (tales como rampas o medios mecánicos).

El tema de los baños es un tema clave, en general no se nombra demasiado, pero el baño a todos nos garantiza poder concurrir a un lugar que no es nuestra casa por unas cuantas horas. Si no tuviéramos un baño cerca tendríamos que salir corriendo e ir a casa o ir a un baño público, pero si en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, al lugar que vamos de paseo no tenemos un baño, eso nos obliga a recluirnos en casa, entonces, no contar con un baño accesible, es no permitir una actividad duradera, una inserción en una actividad prolongada a lo largo del tiempo.

También Incluye,  texturas y contrastes de color en puntos clave de los solados para personas con discapacidad visual, orientativo también para personas con discapacidad intelectual; sistemas de optimización de sonido en salas de conferencia y auditorios para personas con disminución auditiva, y señalizaciones visuales para personas sordas. Estas normas alcanzan al conjunto de los edificios de uso público – de organismos oficiales o privados. Y también a unidades de vivienda colectiva, en sus áreas comunes y privadas.

La Ley 962 está cambiando la fisonomía de la CABA. Los nuevos edificios no tienen ya los tradicionales escalones. Y si los tienen, resulta cada vez más familiar ver rampas para sortearlos, incluso plataformas elevadoras. Esta Ley también enmarcó la implementación de un Plan de Veredas concebido en 2004, y puesto en práctica a partir de 2005, con incorporación sistemática de bajadas de cordón.

Visitantes de la Ciudad involucrados o no en temas de discapacidad o de accesibilidad se sorprenden por la fuerte presencia de personas con movilidad reducida en las calles, y en espacios de uso público.

TRANSGRECIONES

Pero al mismo tiempo, de manera menos visible, existen transgresiones, incluso retrocesos. Si no es admisible construir un edificio que no brinde accesibilidad, menos aún, es tornar inaccesible uno que era accesible. El caso relatado evidencia que la DGFOYC (Dirección General de Fiscalización y Catastro –cambió recientemente la sigla. Es similar) no exige que los cambios de puertas se hagan en los términos de la Ley 161, esto es, sin reducir las dimensiones internas de la cabina ni el ancho de paso. Pero hay más: el propio Código establece la transitoriedad de la Ley 962, en contradicción con el principio incorporado desde la Ley 962 de accesibilidad en todo edificio que se transforme, en este caso, en sus instalaciones.

PRACTICABILIDAD, EDIFICIOS EXISTENTES Y AJUSTES RAZONABLES

Si se hubiera pretendido, para preservar la accesibilidad, que los ascensores adoptaran las medidas mínimas exigidas para obras nuevas, todos estos edificios hubieran sido decretados inaccesibles. En Buenos Aires la mayoría de los edificios de hasta 8 ó 12 pisos, tienen ascensores de dimensiones muy inferiores a las normadas para brindar accesibilidad. Por ello, para evitar un todo o nada, se procuró, dentro de la estructura de los edificios existentes, la mejor accesibilidad posible. Esto es aplicar un criterio practicable. Manejarse con criterio de realidad, en una Ciudad ya construida.

Ajustes razonables es un concepto presente en la Convención, vinculado a la practicabilidad. Cuando se trata de problemas paradigmáticos, cada caso particular es un referente de un colectivo, y como tal debe ser abordado. Se trata de que en los edificios existentes se procure lograr la accesibilidad necesaria de la manera más creativa, y de la manera lo más racional posible. Incluso, de ser necesario programar soluciones dentro de estrategias más generales, tales como adecuaciones en el marco de refacciones generales; y cambios de sede.  No se trata de resignar la accesibilidad en función de los presupuestos posibles, sino de utilizar recursos creativos para que la accesibilidad pueda ser brindada de la manera más racional posible.

La Ley 962 de la Ciudad, incorpora al Código en su artículo “4.11.2.1. Reforma, ampliación y transformación de edificios” conceptos referidos a edificios existentes, tomando en dicho punto la letra de la Ley Nacional 24314. Y lo extiende incluso para a edificios de patrimonio histórico (90 escuelas de la CABA estarían catalogadas así).  (También el Código de Planeamiento Urbano lo incluye en 4.13.2.)

La Ley 24314 establece la obligación de adecuar las instalaciones de los lugares públicos y privados de concurrencia de público. Justamente para viabilizarlo desarrolla el concepto de practicabilidad, referido a aquellos edificios cuya estructura no admitiría refacciones para lograr la accesibilidad según normas, y entonces se procura tornarlos lo más accesibles posible. Por ejemplo, si en un edificio con escalones en su ingreso, no hay espacio para desarrollar una rampa con la pendiente requerida; o más aún, hay espacio para la rampa, pero no para que el pasamanos que la acompaña continúe 30cm más en cada  extremo, como está normado: desde un criterio de practicabilidad se admitiría prescindir de dichos complementos del pasamanos, o reducir unos cm el descanso; o incrementar mínimamente la pendiente para reducir su desarrollo. El criterio de practicabilidad a aplicar toma en cuenta a los usuarios concretos. Qué necesitan. No todos necesitan lo mismo. Las prolongaciones de los pasamanos brindan mayor seguridad a quien avanza por la rampa, pero pueden no resultar imprescindibles para un usuario de silla de ruedas, para quien sí es imprescindible la propia rampa.   No se trata entonces de un todo o nada ante normas inamovibles. 

LA COPIDIS

Sin embargo, la COPIDIS, (Comisión para la Plena Integración de las personas con Discapacidad) de la Ciudad, desconoce este concepto. Desde su área de accesibilidad, sus profesionales niegan la posibilidad de adecuaciones en el ingreso de edificios de vivienda, cuando no podrían cumplir con el 100% de las exigencias de la normativa. Niegan la accesibilidad a quienes solicitan su asesoramiento. En uno de los casos denegados se argumentó que no había espacio para la extensión de estos 0.30m en los extremos.  La titular de este organismo va más lejos y afirma que no existen normas que obliguen a los privados a brindar accesibilidad en edificios existentes.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Esta misma actitud, ante decenas de escuelas públicas para las que desde infraestructura escolar se había preparado planos de adecuación. Todos ellos han quedado archivados so pretexto de que no cumplen estrictamente con la Ley 962.

DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Y lo mismo sucede en casos de presentación de planos por modificación del hall de entrada a edificios: allí, aduciendo las normativas post-Cromañón,

GCABA EN LA LEGISLATURA

La Red de Hogares (para niños) de la Ciudad de Buenos Aires recibe por niño hasta 6.000 pesos. Y plantea que es imposible cumplir con las normas de habilitación, las que incluyen obviamente la accesibilidad.  ¿Habrá niños con discapacidad en estos hogares? Triple vulnerabilidad: niño, pobre y con discapacidad. El propio GCABA elevó en la legislatura una iniciativa de prórroga en la aplicación de las normas, violando no solo la Ley 962, sino también la Constitución de la CABA y la ley de Protección Integral del Niño.

Respecto de las poblaciones más pobres, la accesibilidad para sus edificios de viviendas, no es la misma que para el resto. El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, admite para las viviendas de interés social, unidades de vivienda en pisos superiores sin medios alternativos de elevación; y con dimensiones inferiores para maniobrar en espacios pequeños (las situaciones más críticas en accesibilidad se dan en los lugares más pequeños). Gracias a las presiones combinadas de legisladores y la antigua comisión municipal de la vivienda, la Ley 962, paradójicamente, discrimina por clase social, con lo cual desampara a los sectores de recursos más bajos. Vale tener presente que la discapacidad empobrece y la pobreza discapacita.

Coherente con esta política, las barriadas pobres son las últimas en contar con veredas  y con pavimento en sus calles.

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO

Desde el Ministerio de Espacio Público, donde expresamente se desprecia la opinión de personas con discapacidad aduciendo que “el buen diseño” no requiere de consultas con este sector, obras encaradas en la vía pública, no sólo pierden su accesibilidad, sino que generan nuevos riesgos para todos: Florida presenta desniveles inesperados para los peatones en su intersección con Viamonte y con Paraguay,  desde que se re-pavimentó ambas arterias. Los tropezones son permanentes. Las bajadas de cordón en cruces peatonales que se supone dan continuidad al Plan de Veredas, tiene desniveles entre acera y calzada de hasta 5 cm. Volvemos a los simulacros. Se discontinuó el contraste de color alrededor de los vados, o en su misma superficie, como señalización para personas con visión disminuida. En “Palermo SOHO”, la actual gestión de gobierno se las ingenió para eliminar el desnivel perpetuando la inaccesibilidad e incrementando los riesgos para personas ciegas: se elevó la calle en lugar de bajar la vereda. Pero el sector a nivel, cuenta con un adoquinado imposible para adultos mayores o para usuarios de silla de ruedas, o personas con alguna dificultad para caminar, o con tacos altos. Y allí mismo, sin señalización táctil que indique el límite de la vereda, las personas ciegas se encuentran en medio de la calle, sin darse cuenta.

Condicionado a los intereses de las empresas que lo gerencian, el transporte público accesible, único medio posible con que cuenta este sector para trasladarse al estudio, al trabajo o a rehabilitación, continúa siendo, salvo escasas excepciones, una grave asignatura pendiente.

Hasta el momento los recursos de amparo, aún cuando han sido favorables a las demandas presentadas, no han logrado revertir una política que parecen compartir tanto nación como ciudad.

DESAFÍOS:

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES – METROVIAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El GCABA se ve obligado hoy a responder a dos demandas en las que la justicia falló positivamente ante el reclamo de accesibilidad: todas las escuelas deberán brindar accesibilidad. Y todas las estaciones de subterráneos deberán contar con ascensor.

¿Cómo lograrlo? Aquí, no alcanza la letra de la Ley 962, ni la 24314, en su art, 22 referido a transporte. Dos grandes temas se suman: por una parte, los referidos a la participación de las ONG de PCD en el monitoreo, para el cual es una valiosa herramienta la Convención ONU, en su art 33. Y por otra parte, el rol que jueguen los profesionales del diseño en materia de planificación, prioridades, escucha de los usuarios, y aplicación de los mencionados criterios de practicabilidad y ajustes razonables. Pretender que las especificaciones técnicas cubran el saber planificar y diseñar, es como pretender un buen médico leyendo tan solo el Vademecum profesional. Es necesario entonces ir más allá de las especificaciones, y normar procedimientos de gestión, cuyo resultado se mida en cada uno de sus pasos, en la concreción material de la accesibilidad, y principalmente, en su uso satisfactorio por parte de los usuarios con discapacidad. 

¿Es posible encauzar la obligatoriedad de tales procesos? Así como las normas ISO 9000 definen procedimientos, quizás resultaría pertinente asumirlo de esta manera. No solo qué, sino el cómo.

Pero no se trata meramente de una cuestión técnica.  Se trata del paradigma desde el cual se analiza la realidad, qué importancia se asigna a los Derechos, y cuál es el rol del estado y de cada uno de sus organismos en su cumplimiento.  Una tarea inmediata sería la obligación de incluir la letra de la accesibilidad en cada organismo, en sus programas y procedimientos.

Cuando logramos ubicar al escenario físico en que transcurre cada instante a lo largo de un día, cada paso que damos: levantarnos, lavarnos, salir, viajar, llegar al trabajo, el puesto de trabajo, no perder ningún detalle como quien prepara la escenografía de una película; allí comienzan a aparecer los desajustes a corregir, a prevenir. Y si este criterio se instala en los organismos que definen veredas, calles, edificios escolares, plazas, cines, verlo en primer plano, y no como fondo que pasa desapercibido, ver, como en una película continua qué nos facilita y en qué nos impide hacer, no solo lo edificado, también los muebles, escritorios, mesas, las instalaciones, los sanitarios, y también los ascensores, como el del comienzo. Si logramos percibir hasta qué punto el escenario físico no es neutro sino que actúa sobre nosotros y sobre nuestra manera de habitarlo, entonces encontraremos la manera, no solo de volver letra para la Ley todo aquello que incida en tornarlo más habitable y accesible, sino también obligar a su cumplimiento.