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UNA LEY A FAVOR DE VEREDAS Y RAMPAS ACCESIBLES Y SEGURAS

Los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone del Frente de Izquierda de los Trabajadores y Adrián Camps del Socialismo Auténtico presentaron en la Legislatura Porteña el proyecto de ley N° 2643-D-2017 “Declaración de la Emergencia del estado de conservación de veredas y vados”.

 
Este proyecto tiene como objetivo garantizar el tránsito y la accesibilidad para personas con movilidad reducida, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores, en aceras y cruces peatonales. Surge desde la sociedad civil, impulsado por Fundación Rumbos y REDI, luego de un relevamiento del estado de veredas y vados en tres comunas de CABA, encontrando que 8 de cada 10 frentes y 7 de cada 10 vados representan un serio peligro para los peatones, cualquiera sea su condición física. Las comunas relevadas habían sido asombrosamente declaradas por el Gobierno de la Ciudad como “100 % accesibles”.
 
La Declaración de Emergencia cuenta con las firmas de los legisladores Inés Gorbea del bloque Suma, Javier Andrade del Frente para la Victoria y Gabriel Fucks de Alianza del Frente para la Victoria, y fue girado a tres comisiones para su tratamiento: Protección y Uso del Espacio Público, Obras y Servicios Públicos y Presupuesto.
 
 Fografía de los diputados Marcelo Ramal, Laura Marrone, Adrian Camps, miembros de Fundación Rumbos, asesores y participantes de la presentaciónLey de Emergencia del estado de conservación de Veredas y Vados en las escaleras de la Legislatura.
 
LESIONES PREOCUPANTES PERO EVITABLES
Eduardo Joly, presidente de Rumbos, advirtió que estamos ante una emergencia sanitaria, debido a la elevada cantidad de lesiones que ocurren en la vía pública. “Se generan lesiones discapacitantes. Estamos hablando de limitaciones físicas a largo plazo con secuelas emocionales serias. Las caídas trastocan la vida cotidiana y llevan al aislamiento de las personas. Esto nos obliga a pensar en un programa de veredas seguras.”
 
Si bien no hay un registro sistemático por parte del Ministerio de Salud, un estudio del Hospital Italiano, realizado entre el 2009 y el 2017, da cuenta de esta realidad. De 515 adultos mayores evaluados por haber sufrido caídas, 3 de cada 4 se cayeron en la vereda no exclusivamente, más de la mitad se cayeron exclusivamente en la vereda, la mayoría porque tropezó.
 
Adrián Camps agregó: “Un riesgo se evalúa por la severidad del daño que puede ocasionar y por la probabilidad de que ocurra. En este caso, la severidad del daño es que una persona se fracture o tenga un golpe que le ocasione la muerte; de manera que el daño es muy grande. Tenemos que trabajar para evitar que esto ocurra, es decir, para que las veredas estén en condiciones”.
 
LA RESPONSABILIDAD ES DEL ESTADO
Es importante señalar que el Estado es el propietario de la vereda, ya que es parte del espacio público, y es el responsable de asegurar la circulación segura y efectiva de todos los ciudadanos. Esta declaración de Emergencia subraya además la responsabilidad del Estado en la conservación de las veredas.
 
Como aportó Marcelo Ramal: “Actualmente estamos en una situación de doble imposición. La misma población que tiene que pagar ABL, y por lo tanto le brinda al estado los recursos para tomar a su cargo esta conservación, tiene que llevar adelante la tarea de reparación. Estamos ante una nueva vuelta de tuerca sobre la privatización de la ciudad: la delegación de las tareas que deben estar a cargo del Estado porteño, en mano de particulares que no siempre pueden llevar adelante esta tarea por motivos económicos, o porque no quieren, por no tener conciencia de los enormes inconvenientes que acarrea esta situación”.
 
INDISPENSABLE PARTICIPACION CIUDADANA
A fin de que las obras se hagan de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad, el proyecto contempla la obligada presencia de organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de las pautas de diseño y en el control de las obras realizadas.  Esta participación es obligatoria según los artículos 4.3 y 33.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en todo el territorio del país con rango constitucional según la Ley 26.378. Asimismo el proyecto de ley incorpora la obligada participación de las Comunas con sus organizaciones vecinales, en el relevamiento y control de las obras que deben realizarse en esta Emergencia.
 
NECESIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE VEREDAS
La legisladora Marrone mencionó el negociado y la inequidad que hay en la actual gestión de veredas. “Las baldosas son sumamente costosas, se sacan veredas que están bien y uno se pregunta por qué. En los barrios pobres de zona sur, ponen un alisado espantoso que se quiebra con el calor, que absorbe la basura, que no tiene una forma de limpieza clara y afea todo el barrio. Espero que a través del control que se haga con la aprobación de la ley, salgamos beneficiados todos: los que tienen problemas de movilidad y los que no pero que se ven perjudicados también por el negociado”.
 
En este sentido Joly mencionó la contratación por parte del Gobierno, de una consultora internacional, por un monto de 14 millones de pesos, para realizar un diagnóstico del estado actual de las veredas de la ciudad y definir un nuevo modelo de gestión de las mismas. “Desde Rumbos, con un presupuesto mínimo y en tres meses, ya adquirimos el conocimiento y la estadística de la problemática. Y no es cuestión sólo de estudiar la problemática sino en tener la decisión política de resolverla. La problemática es bien conocida desde hace décadas, no es una realidad que empezó con el actual gobierno, pero ciertamente se agravó durante este período”.
 
RECUPERAR DERECHOS VULNERADOS
La dificultad para circular por la vía pública con autonomía y seguridad, impide a las personas con movilidad reducida realizar actividades básicas como educarse, trabajar, recibir servicios de salud, abastecerse y sociabilizar.La falta de acceso a la educación y el trabajo compromete la capacidad de auto sustentarse, aumentando el empobrecimiento de las personas con discapacidad y de sus familias. Sin embargo, el Estado Nacional se ha comprometido a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Un grupo de adolescentes del Centro Integral de Rehabilitación y Estimulación Neurológica (CIREN), escribieron una carta a los legisladores, después de haber realizado un relevamiento de veredas y rampas alrededor del centro al que asisten. Los resultados obtenidos son contundentes: de 34 frentes relevados, 25 tenían problemas que ponen en riesgo al peatón. El total de las 7 rampas relevadas presentaban problemas que dificultaban o imposibilitaban su uso. “Estamos muy enojados. No nos parece bien que estas cosas pasen. Creemos que nos discriminan si nos impiden andar por la calle como todos. Tenemos esta oportunidad y no queremos desaprovecharla. Somos chicos con discapacidad pero conocemos nuestros derechos y estamos escribiendo esto para defenderlos desde nuestro lugar. Todos los ciudadanos tenemos derecho a pasear por la ciudad”.
 
Esperemos que los legisladores que deben tratar y votar este proyecto de ley, comprendan lo que estos jóvenes transmiten con tanta claridad.
 
 
ADHESIONES: Fundación Rumbos, REDI, Asociación Distrofia Muscular, Esclerosis Múltiple Argentina, Osteogénesis Imperfecta Argentina, Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Observatorio del Derecho de la Ciudad, Manzana 66 Verde y Pública, Acceso Ya, CIREN, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
 
 
Descargar el PROYECTO DE LEY y NOTA DE ADHESION. También pueden apoyarnos firmando nuestra petición en CHANGE.

 


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