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Ley de veredas rotas

Boletín  de  Pequeñas  Noticias - La comunidad consorcial como espejo de la sociedad  - 24 de noviembre de 2017 - Nº: 620

 
EL GOBIERNO LOGRÓ QUE LA RESPONSABILIDAD SEA DEL FRENTISTA
 
[BPN-24/11/17] La fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) advirtieron que la ley del Gobierno porteño sobre veredas rotas no responde ni a las necesidades reales de los peatones ni, en particular, a las de las personas con movilidad reducida.
Explicaron que existía un proyecto superador elaborado por los legisladores Marcelo Ramal y Laura Enda Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), y Adrián Rodolfo Camps (Socialista Auténtico) junto a Rumbos y REDI, y que cuenta con el respaldo de 13 organizaciones de la sociedad civil.
Advirtieron que la ley oficial perpetúa las desfavorables condiciones para los peatones, insistiendo en la responsabilidad primaria del frentista en la construcción, mantenimiento y reparación de veredas, a pesar de que él no es el principal causante de las roturas. Además, al ignorar la Convención de Personas con Discapacidad y la Ley de Comunas, la ley del gobierno excluye a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y a las comunas, con sus organismos de participación ciudadana, de tareas de relevamiento y control, necesarias para garantizar la seguridad y accesibilidad para todos los peatones.
Señalaron que la votación favorable de la ley del ejecutivo no garantiza veredas accesibles y seguras. Sólo avala una interminable gestión de reparaciones deficientes y muy rentables para los contratistas privados que el Gobierno designe.
 
El pasado jueves 23, la Legislatura porteña aprobó con los votos del PRO y sus aliados y la desaprobación de la oposición, por una parte un nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas o roturas en la vía pública y por otra, la regulación sobre construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas y aceras, las dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo.
Rumbos y REDI se opusieron principalmente al segundo (Expediente 2955-D-2017) porque habla de la responsabilidad primaria del frentista y no agrega mecanismos de control ciudadano y de personas con discapacidad.
 

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